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Los tribunales están presionando a la banca debido a prácticas consideradas usureras y a una falta de transparencia en la venta de tarjetas revolving. En febrero pasado, el Tribunal Supremo estableció un criterio para determinar si estos créditos son abusivos: cuando los tipos de interés de los bancos superan en seis puntos porcentuales la TAE media de este tipo de productos. Desde entonces, los juzgados han estado emitiendo fallos sobre casos pendientes y recursos presentados por la banca, y la mayoría de las sentencias están resultando desfavorables para las entidades financieras.

Cambio de tendencia

Inicialmente, los bancos acogieron con entusiasmo la decisión del Tribunal Supremo porque esperaban beneficiarse de ella. Sin embargo, la mayoría de los fallos emitidos desde febrero han sido desfavorables para la banca, ya que los tipos de interés aplicados superan el límite de seis puntos establecido. El criterio de usura se basa en consultar los precios medios de estos productos ofrecidos por el Banco de España desde 2010 para un año específico y agregarles seis puntos porcentuales. Si el tipo de interés contratado se encuentra dentro de ese rango, el préstamo se considera válido. Por otro lado, si lo supera, se considera usurario. Aunque cada sentencia aborda un caso y una fecha diferentes, en términos generales, las tarjetas revolving con tipos de interés que superan el 26%, 27% y 28% están siendo consideradas como usurarias.

No solo cuenta el interés

Incluso cuando los bancos superan el umbral de usura, están encontrando dificultades. En muchos fallos judiciales, los jueces no consideran los contratos como abusivos, pero fallan a favor de los clientes debido a la falta de transparencia por parte de las entidades financieras. Según las resoluciones revisadas, muchos acuerdos están siendo anulados porque la información proporcionada no es clara o no explica adecuadamente «el funcionamiento del producto de manera que permita al cliente comprender el coste económico de la transacción», según lo expresado por la Audiencia de Navarra en una sentencia emitida el 31 de mayo de 2023. En muchos casos, los contratos se invalidan debido a la abusividad relacionada con el sistema de amortización del préstamo o la comisión aplicada.

Además, los jueces han aclarado los casos en los que las entidades crediticias modifican los tipos de interés, ya que los contratos son de duración indeterminada. En tales situaciones, el límite de seis puntos sigue siendo aplicable, lo que ha llevado a los tribunales a anular únicamente aquellos porcentajes de interés que superan dicho margen.

Prácticas cuestionables

Así, los jueces están centrando su atención en la cuestionable práctica de los bancos al ofrecer tarjetas de crédito revolving. Estos productos financieros han sido objeto de controversia en los últimos años debido a sus características particulares, que pueden resultar confusas para algunos clientes y provocar deudas significativas.

Las tarjetas revolving permiten contratar una línea de crédito para realizar compras, pero el dinero gastado durante el mes no se reembolsa al banco de una vez, sino que se aplaza y se devuelve en cuotas mensuales que generan intereses, generalmente elevados, que superan el 20%. La particularidad de estos créditos radica en que la línea de crédito se renueva cada mes, lo que significa que el dinero vuelve a estar disponible para gastar. Si el cliente realiza nuevas compras, aumentará el saldo de la deuda y los intereses. El Banco de España advierte que uno de los riesgos para el cliente es que, si las cuotas mensuales son demasiado bajas, acabará pagando pequeñas cantidades durante un largo período, lo que generará un gran volumen de intereses.

De acuerdo con las normativas de buenas prácticas establecidas por el Banco de España, las entidades que ofrecen créditos revolving tienen la obligación de proporcionar información clara y comprensible a los clientes antes y después de la formalización del contrato. En este sentido, el regulador establece que deben detallar minuciosamente las operaciones realizadas para reflejar la deuda pendiente. Además, en situaciones donde la amortización del capital se extienda en el tiempo, los bancos deben informar de manera regular sobre el plazo estimado de amortización, el monto de la cuota mensual que permitiría liquidar la deuda en un año y posibles escenarios de ahorro al aumentar la cuota.

La banca se juega millones

El sector bancario enfrenta una creciente ola de reclamaciones, especialmente en relación con las tarjetas revolving. Según las estadísticas del Banco de España, las quejas asociadas a estas tarjetas se han incrementado considerablemente en los últimos años, aumentando de 204 en 2018 a 10.132 en 2021 (último dato disponible), lo que representa un aumento de 50 veces. Esta tendencia refleja el elevado riesgo financiero para los bancos, ya que las sentencias que se emitan podrían tener un impacto significativo en sus balances. De hecho, algunas entidades han destinado provisiones millonarias para cubrir posibles pérdidas derivadas de litigios relacionados con estas tarjetas. Según datos del supervisor bancario, el saldo total de crédito revolving alcanzó los 11.806 millones de euros al cierre de junio, marcando así el nivel más alto registrado en lo que va del año.

El próximo año 2025 marcará un hito para muchos trabajadores autónomos en nuestro país, ya que dejarán de pagar el IVA trimestral, una de sus principales responsabilidades hasta ahora. Esto se debe a la introducción de un nuevo régimen especial conocido como el régimen del IVA franquiciado, derivado de la normativa de la Unión Europea 2020/285.

Actualmente, la Agencia Tributaria está colaborando con las principales asociaciones de trabajadores autónomos para adaptar esta normativa europea a la legislación española. Esta medida es crucial, especialmente considerando que España es el único país que aún no ha implementado este tipo de régimen.

La recepción de esta medida ha sido muy positiva, ya que simplificará significativamente las obligaciones fiscales de los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas. Sin embargo, es importante comprender las características de este nuevo régimen, quiénes pueden beneficiarse de él y qué consideraciones se deben tener en cuenta.

El IVA franquiciado

El IVA franquiciado es esencialmente un nuevo régimen especial del Impuesto sobre el Valor Añadido diseñado para simplificar las obligaciones fiscales de los autónomos y las pequeñas empresas. Para poder acogerse a él, es necesario tener ingresos anuales inferiores a 85.000 €.

En la práctica, este régimen implica que los autónomos y las empresas más pequeñas no tendrán que presentar declaraciones trimestrales de IVA y podrán emitir facturas sin IVA. Esto reduce la carga administrativa y les permite centrarse más en sus negocios, además de hacer que sus precios sean más competitivos.

Sin embargo, es importante destacar que la decisión de acogerse al régimen del IVA franquiciado será individual para cada autónomo. Si eligen este régimen, no podrán aumentar su volumen de negocio en más de un 10%. Aunque la Unión Europea podría permitir a cada estado decidir este porcentaje, hasta un 25%.

Ventajas y desventajas

¿Existen desventajas para los trabajadores autónomos que opten por este régimen? Aunque pueda parecer la opción lógica, es importante considerar cuidadosamente si realmente les conviene. Por ejemplo, al eliminar el IVA en sus proyectos, ya no podrán deducir el IVA soportado. Esto podría afectar a aquellos trabajos con mayores gastos, cuya deducción podría superar el ahorro derivado de la eliminación del IVA.

Aunque es pronto para sacar conclusiones, es crucial estar al tanto de este cambio significativo en la fiscalidad de los trabajadores autónomos. Dado que en España hay más de 3 millones de autónomos, muchos de los cuales ganan menos de 85.000 euros al año, es fundamental comprender esta información.

En la actualidad, son muchas las empresas que se encuentran inactivas en nuestro país, y sus propietarios se enfrentan a la difícil decisión de liquidar la sociedad o dejarla morir de forma natural. Esta última opción puede permitirles evaluar en el futuro cuál sería la mejor alternativa. Sin embargo, ambas opciones implican una serie de trámites obligatorios que deben llevarse a cabo.

Al optar por dejar morir una sociedad, sus operaciones convencionales se paralizan, lo que implica cerrar una empresa sin actividad y suspender todos sus ingresos durante un período máximo de un año. Durante este tiempo, los administradores son responsables de todos los movimientos de la empresa.

Es fundamental cumplir con los trámites legales obligatorios, ya que el incumplimiento puede resultar en multas o en el cierre definitivo de la empresa como sanción.

Obligaciones para dejar morir una sociedad

Si estás considerando dejar morir una sociedad, es importante entender las obligaciones legales que debes cumplir. Aquí te detallo algunas de las principales:

• Darse de baja ante la Agencia Tributaria: Debes presentar la baja correspondiente ante la Agencia Tributaria indicando que la sociedad dejará de ejercer todas sus actividades empresariales y/o profesionales. Esto se realiza a través del modelo 036, marcando la casilla correspondiente y especificando la fecha efectiva del cese de actividad.
• Impuesto sobre Sociedades: Aunque la empresa esté inactiva, debes presentar el impuesto sobre sociedades anualmente. Debes indicar en el modelo 200 que la empresa está inactiva, lo que limitará el tipo de información que debes proporcionar.
• Baja de los administradores: Si los administradores de la sociedad no realizan ninguna otra actividad, deberán darse de baja en la seguridad social.
  Formular y depositar las cuentas anuales: Aunque la sociedad esté inactiva, debes formular y depositar las cuentas anuales ante el Registro Mercantil. Esto es un requisito legal y el incumplimiento puede resultar en multas.
• Responsabilidad por deudas pendientes: Aunque la sociedad esté inactiva, sigue siendo responsable de saldar las deudas pendientes. Los administradores pueden ser responsabilizados por estas deudas si no cumplen con sus obligaciones.

Es importante destacar que las empresas inactivas aún son responsables de saldar sus deudas pendientes, y el incumplimiento de las obligaciones legales puede resultar en sanciones severas.

Ante esta situación, muchos propietarios optan por la liquidación formal de la sociedad, llevada a cabo por un liquidador designado, quien se encarga de distribuir el patrimonio de la empresa y saldar sus deudas.

¿Cómo se hace la liquidación de una sociedad inactiva?

La liquidación de una sociedad inactiva es un proceso que implica varios pasos. Aquí te detallo los pasos principales:

• Convocatoria de junta general: Los administradores deben convocar una junta general de accionistas o socios para decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad. En esta junta se aprueba el acuerdo de disolución y se nombra a un liquidador.
• Nombramiento de liquidador: Se designa a una persona como liquidador, quien será responsable de llevar a cabo el proceso de liquidación de la sociedad.
• Inventario y balance de situación: El liquidador realiza un inventario de los activos y pasivos de la sociedad. Se elabora un balance de situación que refleje la situación financiera de la empresa al momento de la disolución.
• Pago de deudas: El liquidador procede a pagar todas las deudas pendientes de la sociedad utilizando los activos disponibles. Se deben liquidar las obligaciones con los acreedores en el orden establecido por la ley.
• Venta de activos: Si es necesario, el liquidador vende los activos de la sociedad para obtener fondos con los cuales pagar las deudas.
• Distribución del remanente: Una vez pagadas todas las deudas y gastos de liquidación, se distribuye el remanente entre los socios o accionistas de acuerdo con sus derechos. Esta distribución se realiza de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la sociedad.
• Cancelación de la sociedad: Finalmente, una vez completada la liquidación y distribución de activos, el liquidador presenta los documentos necesarios ante el Registro Mercantil para solicitar la cancelación de la sociedad. Una vez cancelada, la sociedad deja de existir legalmente.
• Es importante seguir todos estos pasos con cuidado y cumplir con las obligaciones legales correspondientes. Es recomendable contar con asesoramiento profesional durante todo el proceso de liquidación para asegurar que se realice de manera correcta y conforme a la normativa vigente.

Conclusión

En resumen, dejar morir una sociedad inactiva implica una serie de obligaciones legales que deben cumplirse rigurosamente para evitar sanciones y problemas judiciales en el futuro. Mantente informado sobre este y otros temas relevantes con nuestras noticias más actualizadas y especialízate en esta materia con nuestro Máster en Impuesto sobre Sociedades y Registro Mercantil.

Seguro que en más de una ocasión has oído mencionar el término “referencia catastral”, pero quizás no tienes muy claro para qué sirve. ¡No te preocupes! ¡Te lo explicamos todo! Para comprender la utilidad de la referencia catastral, es fundamental entender qué es el catastro inmobiliario.

El catastro inmobiliario

El catastro inmobiliario es un registro administrativo encargado de recopilar toda la información relacionada con los bienes inmuebles. Esta información se obtiene a partir de la declaración de los propietarios, los registros públicos, la cartografía y otras fuentes de datos. Los ayuntamientos colaboran con el Catastro proporcionando información sobre los cambios en la realidad física y jurídica de los inmuebles.

¿Cuál es su función?

El objetivo principal del Catastro es proporcionar un inventario actualizado y preciso de todos los bienes inmuebles en España, con el fin de cumplir diversos propósitos:

1. Impuestos: Los ayuntamientos utilizan la información catastral para la recaudación de impuestos.
2. Planificación Urbanística: Los municipios emplean la referencia catastral para la planificación del territorio, la regulación del uso del suelo y la gestión de infraestructuras.
3. Identificación de inmuebles: Facilita la identificación y localización precisa de cada inmueble o parcela, lo cual es fundamental en procesos legales, transacciones inmobiliarias y la gestión del patrimonio público.
4. Estadísticas y estudios territoriales: La información catastral también se utiliza para la realización de estudios demográficos, económicos y territoriales.

¿Qué es la referencia catastral?

La referencia catastral es un código identificativo único y obligatorio para cada parcela, inmueble o unidad constructiva en España.

Compuesta por una serie de números y letras, la referencia catastral representa diversos aspectos del inmueble, como la provincia, el municipio, el polígono, la parcela, la manzana, el edificio y la unidad constructiva. Este código es esencial para la identificación y registro de los bienes inmuebles en el Catastro, proporcionando información sobre su ubicación geográfica y características físicas.

¿Cómo obtener la referencia catastral?

Es posible obtener la referencia catastral de un inmueble a través de la página web del Catastro. Basta con introducir la dirección, las coordenadas GPS o el Código Registral Único (CRU) para obtener este código identificativo.

Además, la referencia catastral y el valor catastral del inmueble se pueden encontrar en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en la sección de datos relativos a bienes inmuebles.

¿Qué información proporciona la referencia catastral?

La referencia catastral permite acceder a diversos datos sobre un inmueble:

1. Localización precisa: Incluye información sobre la provincia, municipio, polígono y parcela del inmueble.
2. Características físicas: Detalles como la superficie total, superficie construida, tipo de construcción, número de plantas, uso del suelo y edificaciones presentes en la parcela.
3. Valor catastral: Base para calcular impuestos como el IBI o la plusvalía, este valor se obtiene a partir de la referencia catastral.
4. Titularidad: Permite conocer quién es el propietario registrado del inmueble.
5. Datos gráficos: En algunos casos, se pueden obtener planos y mapas catastrales que muestran la distribución y ubicación del inmueble.
6. Datos históricos: Registros de cambios de titularidad, modificaciones en la propiedad y valoraciones catastrales anteriores.

La necesidad de conocer la referencia catastral surge en diversas situaciones, como al comprar o vender una vivienda, entre otras.

Conclusión

La referencia catastral es una herramienta fundamental en el ámbito inmobiliario que proporciona información precisa y detallada sobre la ubicación, características físicas, titularidad y valor de los bienes inmuebles en España. Su uso es imprescindible en numerosas situaciones, como en transacciones de compra-venta de viviendas, cálculo de impuestos como el IBI o la plusvalía, y en la realización de trámites administrativos relacionados con la propiedad. Gracias a la referencia catastral, se facilita la gestión y el control de los bienes inmuebles, promoviendo la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario.

La Agencia Tributaria ha iniciado el período para la presentación del borrador de la declaración de la renta 2023-2024. Desde el pasado miércoles, los contribuyentes españoles deben rendir cuentas al Fisco y determinar si este año les corresponde pagar o les será devuelto algún importe. Además de los ingresos de cada individuo, al tramitar esta declaración se consideran diversos aspectos que influyen en las deducciones aplicables a cada contribuyente.

Las deducciones pueden ser de ámbito estatal o establecerse exclusivamente en determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, esto ocurre con las deducciones por alquiler, cuya cantidad a desgravar varía según la región de residencia. Además del alquiler, la declaración de la renta contempla deducciones por maternidad, familia numerosa, donativos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y planes de pensiones, entre otras.

Deducción por maternidad

La deducción por maternidad, según información proporcionada por la página de la Agencia Tributaria, tiene un importe máximo de 1.200 € al año por cada hijo. Esta deducción se calculará de manera proporcional según el número de meses del período impositivo posteriores al cumplimiento de los requisitos. Cabe destacar que este beneficio fiscal no será compatible con el complemento de ayuda para la infancia establecido en la Ley del Ingreso Mínimo Vital, a menos que se haya percibido antes del 1 de enero de 2023.

Tienen derecho a esta deducción las mujeres con hijos menores de tres años que reciban una prestación contributiva, así como las trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena. Además, podrán solicitar esta deducción ambos progenitores en caso de ser del mismo sexo, el padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre, o el padre o tutor cuando tengan la custodia de forma exclusiva.

Además, aquellos progenitores que puedan beneficiarse de esta deducción deben tener en cuenta que también tienen derecho a un importe adicional de 1.000 euros destinados a cubrir gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil. Es importante señalar que este beneficio fiscal se aplica por cada descendiente, no por cada declarante. Esto significa que si ambos progenitores reclaman este beneficio en su declaración de la renta, el total se dividirá equitativamente entre ellos.

En el caso de hijos con algún grado de discapacidad, también existe el derecho a un mínimo por discapacidad del descendiente:

• Discapacidad ≥ 33%: 3.000 euros.
• Discapacidad ≥ 65%: 9.000 euros.
• Si el hijo necesita ayuda de terceras personas o presenta movilidad reducida: se suman 3.000 euros adicionales.

 Deducción por familia numerosa

Además de los beneficios por tener hijos menores de tres años, también existe una deducción para las familias numerosas, es decir, aquellas que cuentan con tres, cuatro hijos o más. Los progenitores —o hermanos huérfanos de padre y madre— que formen parte de una familia numerosa (con tres o cuatro hijos) pueden acceder a esta deducción en el IRPF de 1.200 euros. En el caso de ser una familia numerosa especial, con cinco hijos o más, la cuantía de este beneficio aumenta hasta 2.400 euros. Al igual que ocurre con la deducción por maternidad mencionada anteriormente, si ambos progenitores optan por este beneficio, se prorrateará entre ambos.

Deducción por la compra de un coche eléctrico

Como novedad en la declaración de la renta de este año, se podrá desgravar la compra de un coche eléctrico realizado en 2023. La deducción consiste en el 15% del valor del vehículo, con un límite máximo de 3.000 euros, siempre y cuando el automóvil esté registrado en el Registro de Vehículos del IDAE. Además de los coches completamente eléctricos (BEV), también podrán beneficiarse de esta deducción aquellos que adquieran vehículos con autonomía eléctrica extendida (EREV), híbridos enchufables (PHEV), vehículos con tecnología de células de combustible (FCV) o híbridos que combinen células de combustible y baterías eléctricas (FCHV).

Asimismo, el fisco premiará a aquellos que instalen un punto de carga para su vehículo eléctrico. En este caso, el beneficio aplicable también es del 15% del valor de la instalación, con un límite máximo de 4.000 euros.

Deducción por donativos y otras aportaciones

Una de las deducciones menos conocidas, pero no menos importantes, es la relacionada con las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. Si colaboras con una ONG, tienes derecho a deducirte esta aportación en tu declaración de la renta. Si la donación es igual o inferior a 150 euros, puedes deducirte el 80% en el IRPF. Si supera esta cifra, podrás deducirte hasta el 35% de la cantidad restante, y hasta un 40% si has realizado el aporte durante más de dos años consecutivos.

Además de las donaciones a ONG, también puedes deducir una parte de la cuota destinada a partidos políticos o sindicatos. En este caso, se aplica un 20% de la aportación, con un límite máximo de 600 euros al año.

Deducción por mejora de la eficiencia energética

Si estás realizando obras en casa que contribuyan a mejorar la eficiencia energética, la Agencia Tributaria ofrece tres tipos de deducciones:

1. Beneficio por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración: Puedes deducir hasta un 20% del importe abonado para este fin, con un mínimo del 7%. Es necesario presentar un certificado válido que verifique la realización de estas obras.
2. Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable: Esta deducción aplica cuando la reforma implica una reducción mínima del 30% en el indicador de consumo de energía, o si obtienes la etiqueta A o B de eficiencia energética. En este caso, puedes recibir hasta el 40% del importe de la reforma.
3. Deducción por obras de rehabilitación energética: Aquellos que realicen obras de rehabilitación en su residencia pueden deducirse hasta un 60% del importe, siempre y cuando se reduzca el consumo de energía primaria no renovable en un 30%.

Es importante tener en cuenta las incompatibilidades entre deducciones, así como revisar el método de pago exigido, las cantidades que dan derecho a deducción y los requisitos de los certificados que se deben presentar. Además, estas obras deben realizarse en viviendas, plazas de garaje y trasteros en propiedad y situarse en edificios de uso predominantemente residencial. Esta deducción puede suponer un importe de entre 5.000 y 7.000 euros.

Durante las próximas semanas, hablaremos de las deducciones autonómicas, en concreto las de la Comunidad Valenciana, por ser el lugar donde se encuentra ubicada nuestra asesoría.

Una inspección de trabajo es un proceso llevado a cabo por autoridades laborales designadas para supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad en el lugar de trabajo. Estas inspecciones son realizadas por inspectores de trabajo, quienes tienen la autoridad para investigar y verificar el cumplimiento de las normativas laborales por parte de los empleadores.

¿Para que sirve una inspección de trabajo?

El objetivo principal de una inspección de trabajo es proteger los derechos de los trabajadores y promover condiciones laborales seguras y justas. Durante una inspección, los inspectores revisan una serie de aspectos, que pueden incluir:

1. Cumplimiento de las leyes laborales: Verificar que los empleadores cumplan con las leyes y regulaciones laborales pertinentes, como el salario mínimo, el horario laboral, las vacaciones, los contratos laborales, entre otros.
2. Seguridad y salud laboral: Evaluar las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Esto puede incluir la inspección de equipos de protección, el cumplimiento de normas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos, la adecuación de las instalaciones y la capacitación en seguridad laboral.
3. Derechos de los trabajadores: Investigar denuncias o quejas de los trabajadores sobre posibles violaciones de sus derechos laborales, como el acoso laboral, la discriminación, el incumplimiento de los contratos laborales, entre otros.
4. Prevención de fraudes laborales: Detectar y prevenir prácticas fraudulentas relacionadas con la contratación de trabajadores, como la evasión de impuestos, la contratación irregular o el empleo no declarado.

Las inspecciones de trabajo pueden ser programadas de manera regular o pueden ser realizadas de forma aleatoria en respuesta a denuncias o quejas recibidas. En algunos casos, las autoridades laborales también pueden llevar a cabo inspecciones conjuntas con otras agencias gubernamentales, como las autoridades fiscales o de inmigración, para abordar violaciones laborales más complejas o sistémicas.

¿Que sanciones te pueden poner?

Las sanciones que puede acarrear una inspección de trabajo en España varían dependiendo de la naturaleza y gravedad de las infracciones detectadas. Algunas de las sanciones más comunes incluyen:

• Multas económicas: Las multas económicas pueden imponerse por diversas infracciones laborales, como el incumplimiento de las normativas sobre seguridad y salud laboral, el pago de salarios por debajo del salario mínimo, la contratación irregular de trabajadores, el incumplimiento de los horarios laborales, entre otros.
• Cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo: En casos graves de incumplimiento de las normativas laborales, las autoridades pueden ordenar el cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo hasta que se corrijan las deficiencias detectadas.
• Embargo de bienes: En casos de incumplimiento reiterado o en situaciones donde exista un riesgo de impago de multas, las autoridades pueden embargar los bienes del empleador para garantizar el pago de las sanciones impuestas.
• Pérdida de beneficios o incentivos fiscales: En algunos casos, las empresas que incumplen las normativas laborales pueden perder beneficios fiscales o incentivos otorgados por el gobierno.
• Sanciones penales: En casos de infracciones graves, como la explotación laboral o el fraude laboral, las autoridades pueden iniciar acciones penales que pueden resultar en sanciones de cárcel para los responsables.

Es importante tener en cuenta que las sanciones pueden variar según la legislación laboral específica de cada comunidad autónoma en España y la gravedad de las infracciones detectadas durante la inspección de trabajo. Además, las autoridades pueden aplicar medidas correctivas y programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento futuro de las normativas laborales por parte de los empleadores.

El derecho de traspaso en España se refiere al acuerdo mediante el cual un arrendatario (inquilino) transfiere a otra persona (el traspasante) los derechos y obligaciones derivados de un contrato de arrendamiento comercial. Este derecho está especialmente regulado para locales de negocio y permite al arrendatario ceder el contrato de arrendamiento junto con el negocio que se ha desarrollado en el local, usualmente a cambio de una cantidad económica. Este concepto es relevante en el ámbito de los negocios donde la ubicación y el punto comercial tienen un valor significativo.

El derecho de traspaso se contabiliza de manera diferente según la perspectiva desde la cual se esté observando: la del traspasante (quien cede el negocio) o la del adquirente (quien recibe el negocio). Aquí te explico cómo se contabiliza desde ambas perspectivas:

Como se contabiliza

Para el Traspasante (Quien Cede el Negocio):

1. Ingreso por el Traspaso: Cuando el traspasante cede el negocio y recibe una compensación económica por ello, este ingreso se registra en la cuenta de ingresos extraordinarios. Esto se debe a que no forma parte de los ingresos operativos normales del negocio.

   Ejemplo de Asiento Contable:

   • Debe: Caja o Bancos (por el monto recibido)
   • Haber: Ingresos Extraordinarios (por el mismo monto)

Para el Adquirente (Quien Recibe el Negocio):

1. Activo Intangible: El adquirente registra el importe pagado por el derecho de traspaso como un activo intangible en su balance. Esto se debe a que el derecho de traspaso representa un activo que generará beneficios económicos futuros para la empresa.

   Ejemplo de Asiento Contable:

   • Debe: Activo Intangible – Derecho de Traspaso (por el monto pagado)
   • Haber: Caja o Bancos (por el mismo monto)
2. Amortización del Activo Intangible: El derecho de traspaso se amortiza durante el período de tiempo en que se espera que genere beneficios económicos para la empresa. La amortización se registra como un gasto en el estado de resultados.

   Ejemplo de Asiento Contable:

   • Debe: Gasto por Amortización de Derecho de Traspaso
   • Haber: Acumulación de Amortización – Derecho de Traspaso

Es importante tener en cuenta que la contabilización del derecho de traspaso debe realizarse de acuerdo con las normas contables aplicables en la jurisdicción correspondiente y las políticas contables de la empresa. Se recomienda consultar a un profesional contable o financiero para obtener orientación específica sobre cómo contabilizar el derecho de traspaso en un caso particular.

Otras cosas a tener en cuenta

Además de la contabilización del derecho de traspaso, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta:

1. Valoración del Derecho de Traspaso: Es fundamental determinar el valor adecuado del derecho de traspaso. Esto puede implicar realizar evaluaciones financieras, considerando factores como la reputación del negocio, la clientela, la ubicación, entre otros.
2. Duración del Derecho de Traspaso: Es necesario establecer la duración del derecho de traspaso y si existe algún tipo de restricción o condición asociada a su uso. Esto puede variar dependiendo de las leyes y regulaciones locales, así como de los términos del acuerdo entre las partes involucradas.
3. Impacto Fiscal: Es importante evaluar el impacto fiscal del derecho de traspaso tanto para el traspasante como para el adquirente. Esto puede incluir consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los ingresos por traspaso, la amortización del activo intangible y otros aspectos relacionados con los impuestos sobre la renta y el IVA.
4. Registro Legal: El derecho de traspaso y los términos del acuerdo de traspaso deben registrarse adecuadamente en la documentación legal correspondiente, como contratos de traspaso, acuerdos de compraventa u otros documentos legales relevantes.
5. Cumplimiento Normativo: Es importante asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y requisitos legales aplicables en relación con el derecho de traspaso, incluidos los requisitos de divulgación y notificación a las autoridades competentes, si los hubiera.
6. Efecto en los Estados Financieros: El derecho de traspaso puede tener un impacto significativo en los estados financieros de la empresa, especialmente en lo que respecta a la valoración de activos, los gastos de amortización y otros aspectos relacionados con la contabilidad y la presentación de informes financieros.
7. Due Diligence: Antes de proceder con el traspaso de un negocio que incluya un derecho de traspaso, es importante realizar una debida diligencia exhaustiva para evaluar todos los aspectos relevantes y asegurarse de que se comprendan completamente los derechos y obligaciones asociados.

Considerar estos aspectos adicionales ayudará a garantizar una transacción de traspaso exitosa y a minimizar los riesgos potenciales para todas las partes involucradas.

En Rodríguez y Asociados, nos encontramos ante una pregunta recurrente entre nuestros clientes y la comunidad en general: ¿Tengo derecho a tener copia de mi contrato laboral? En esta ocasión, nos sumergiremos en los detalles y proporcionaremos la claridad necesaria sobre este importante tema.

Contrato: ¿escrito o de palabra?

Primero, es importante comprender que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece que los contratos de trabajo pueden celebrarse tanto de forma escrita como de palabra. Según la legislación laboral española, el contrato de trabajo debe constar por escrito en los siguientes casos:

1. Cuando así lo exija una disposición legal: Algunos tipos de contratos, como el contrato de trabajo a tiempo parcial o el contrato de obra o servicio determinado, deben formalizarse por escrito según lo establecido en la ley.
2. Cuando se trate de contratos de formación y aprendizaje: Estos contratos, destinados a la formación y cualificación profesional de los trabajadores, deben constar por escrito y contener información específica sobre la duración del contrato, la actividad formativa, y otras condiciones particulares.
3. Cuando lo solicite el trabajador: Aunque en general no es obligatorio, el trabajador puede solicitar que se formalice por escrito cualquier tipo de contrato de trabajo.

Es importante destacar que contar con un contrato de trabajo por escrito ofrece seguridad jurídica tanto para el empleador como para el empleado, ya que establece claramente las condiciones laborales acordadas entre las partes y ayuda a prevenir posibles conflictos futuros. En Rodríguez y Asociados, estamos a tu disposición para brindarte asesoramiento personalizado sobre este y otros aspectos relacionados con el ámbito laboral.

¿Me tienen que dar una copia del contrato?

Como empleado, tienes derecho a solicitar una copia de tu contrato laboral en cualquier momento. Este derecho está respaldado por la normativa laboral y está diseñado para garantizar la transparencia y la protección de tus derechos como trabajador.

Según la legislación laboral española, el empleador está obligado a facilitar una copia del contrato laboral al trabajador en el momento de su firma. Además, si en algún momento lo solicitas, el empleador debe proporcionarte una copia del contrato laboral en cualquier formato que se haya acordado, ya sea en papel o en formato digital.

Es importante que conserves una copia de tu contrato laboral para tener constancia de los términos y condiciones de tu empleo, así como para resolver cualquier posible discrepancia que pueda surgir en el futuro. Si por algún motivo no tienes una copia de tu contrato laboral o necesitas una copia adicional, puedes solicitarla directamente a tu empleador o al departamento de recursos humanos de tu empresa. En caso de que encuentres dificultades para obtenerla, puedes buscar asesoramiento legal para proteger tus derechos laborales.

¿Qué sucede si no se proporciona el contrato de trabajo por escrito?

En esos casos, se presume que el contrato es por tiempo indefinido y a jornada completa, a menos que se pueda demostrar lo contrario. Además, tanto el empleador como el trabajador pueden exigir que el contrato se formalice por escrito en cualquier momento durante la relación laboral.

Ahora bien, ¿cuándo se tiene derecho a obtener una copia del contrato laboral? Si la relación laboral supera las cuatro semanas, la empresa está obligada a proporcionar al trabajador por escrito los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral. Es importante destacar que no será necesario volver a proporcionar información que ya esté incluida en el contrato formalizado por escrito que posea el trabajador.

El empleador tiene un plazo de dos meses a partir del inicio de la relación laboral para entregar la copia del contrato al trabajador. Sin embargo, existen excepciones, como las relaciones laborales especiales de los penados en instituciones penitenciarias y los menores internos, que están excluidos de esta obligación.

Información de los representantes legales de los trabajadores

El Derecho de Información de los Representantes Legales de los Trabajadores se encuentra regulado en la legislación laboral y establece que los representantes de los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados sobre determinadas decisiones empresariales que puedan afectar a los trabajadores, incluyendo las relacionadas con la contratación.

Este derecho implica que la empresa debe proporcionar a los representantes legales de los trabajadores información detallada sobre los procesos de contratación, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo, la contratación de personal temporal o subcontratado, y cualquier otro aspecto relevante relacionado con la contratación de personal.

Además, los representantes legales de los trabajadores también tienen derecho a ser consultados antes de que se tomen decisiones importantes en materia de contratación, y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta por la empresa en el proceso de toma de decisiones.

Comunicación de las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo

La comunicación de las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo es un requisito legal que deben cumplir todos los empleadores, tanto del sector privado como público, en el momento de formalizar cualquier tipo de contrato laboral. Este procedimiento no solo sirve como un registro de la contratación sino que también es una medida que promueve el correcto funcionamiento del mercado laboral y asegura los derechos de los trabajadores.

¿Por qué es importante?

Este proceso cumple con múltiples funciones:

• Garantiza la legalidad de la contratación.
• Permite a las autoridades laborales llevar un control y seguimiento del empleo en el país.
• Asegura que el trabajador sea registrado correctamente en la seguridad social, garantizando sus derechos a prestaciones y servicios.

Conclusión

Todos los trabajadores que mantengan una relación laboral de más de cuatro semanas tienen derecho a obtener los elementos esenciales de su contrato de trabajo por escrito. En Rodríguez y Asociados, estamos aquí para proporcionar la orientación necesaria y asegurarnos de que se respeten sus derechos laborales.