En los últimos meses, España ha sido objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de retribución en las últimas semanas del permiso parental de 8 semanas, incumpliendo así la Directiva 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores.
La normativa europea exige que los Estados miembros garanticen que al menos las dos últimas semanas del permiso parental sean remuneradas. Sin embargo, España no ha implementado esta disposición, a pesar de que el plazo para su adopción venció en agosto de 2022.
Procedimiento de infracción: Primeros pasos del proceso sancionador
Para abordar este incumplimiento, la Comisión Europea ha iniciado un proceso sancionador enviando una carta de emplazamiento, lo que constituye el primer paso en el procedimiento de infracción. El gobierno español dispone de un plazo de dos meses para corregir la situación y cumplir con la normativa europea. De no tomar las medidas adecuadas en ese tiempo, el procedimiento podría avanzar hacia una segunda fase, en la cual la Comisión emitiría un dictamen motivado.
Si España sigue sin cumplir la directiva, el caso podría ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuenta con la facultad de imponer sanciones económicas al país.
La demora en la implementación de la directiva de conciliación
El plazo para que los Estados miembros incorporaran las disposiciones de la Directiva Europea de Conciliación a sus legislaciones nacionales culminó el 2 de agosto de 2022. La demora de España en cumplir con esta obligación no solo expone al país a sanciones, sino que también vulnera los derechos de las familias, que se ven privadas de una ayuda económica durante las últimas semanas del permiso parental, esencial para facilitar la conciliación familiar y profesional.
Desde el Ministerio de Trabajo, se ha reconocido que la falta de retribución en las últimas semanas del permiso parental afecta directamente a los ciudadanos. La ausencia de esta medida impide que muchas familias puedan disfrutar de un derecho que debería ayudarles a cuidar de sus hijos sin poner en riesgo su estabilidad financiera y laboral.
Posibles consecuencias económicas para España
En 2022, el Ministerio de Trabajo anticipó que, de no cumplir con la directiva, España podría enfrentarse a una multa inicial de al menos 7 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse si persiste el incumplimiento. Este expediente sancionador es solo el primer paso en el proceso legal, y aún está por verse si el caso será llevado ante el TJUE, que tiene la última palabra en cuanto a las sanciones económicas que podrían imponerse.
Reconocimiento judicial del derecho: Sentencias en favor de la conciliación
A pesar de la falta de transposición de la directiva europea, los tribunales en España han comenzado a aplicar sus principios en ciertos casos. Un ejemplo destacado es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a una empresa indemnizar a un trabajador con 20,000 euros por vulnerar su derecho al permiso parental.
En este caso, la empresa impuso restricciones al disfrute del permiso, exigiendo que el trabajador lo solicitara en periodos semanales, lo cual obstaculizó la flexibilidad que ampara el Estatuto de los Trabajadores. Esto derivó en que el permiso solicitado en agosto se extendiera hasta septiembre, afectando significativamente al trabajador.
Esta sentencia resalta la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, aun cuando la legislación nacional no haya adoptado plenamente las directrices europeas. En su fallo, el tribunal reconoció que la empresa violó el derecho fundamental a la no discriminación en el ejercicio de los derechos de conciliación, revocando una sentencia previa que favorecía a la empresa.
El caso del permiso parental no retribuido en España
La situación del permiso parental no retribuido en España pone de manifiesto una brecha entre las obligaciones europeas y su transposición a la legislación nacional. Mientras la Comisión Europea avanza con el expediente sancionador, el Gobierno español debe actuar de manera urgente para asegurar que la directiva se incorpore por completo a la normativa, protegiendo así los derechos de las familias y evitando sanciones que podrían impactar al país.
La adopción de esta medida no solo es una cuestión de cumplimiento normativo, sino que también responde a una necesidad social y laboral: garantizar que todos los trabajadores puedan cuidar de sus familias sin sacrificar su seguridad económica. Ante el proceso iniciado por Bruselas, se espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para ajustar la legislación, permitiendo que los progenitores y cuidadores en España puedan disfrutar plenamente de un derecho esencial para la conciliación de la vida familiar y laboral.