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2026 llega con una novedad silenciosa pero relevante: el Impuesto sobre Sociedades vuelve a bajar para muchas pymes y micropymes, y eso cambia la foto del cierre del ejercicio. El ejercicio 2026 no solo cambia cifras, cambia decisiones, porque el tipo del Impuesto sobre Sociedades vuelve a ajustarse a la baja.

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Si su empresa es de reducida dimensión -en términos generales, si no supera los diez millones de euros de cifra de negocios- el Impuesto sobre Sociedades inicia una senda descendente que se prolongará durante varios ejercicios.

No se trata de un salto brusco, sino de una reducción gradual, ejercicio a ejercicio, que llevará el tipo desde el 25 % actual hasta el 20 % a partir de 2029. En la práctica, cada cierre anual va a tributar un poco menos que el anterior.

Es un cambio discreto, pero acumulativo.

• Atención. La reducción no es automática por "ser pequeña"; depende de cumplir los requisitos de empresa de reducida dimensión cada año.

1. Las micropymes entran en un esquema distinto

Cuando hablamos de micropymes -empresas cuya facturación no supera el millón de euros- el diseño del impuesto cambia de lógica. A partir de 2025, el tipo deja de ser único y pasa a ser progresivo.

Los primeros 50.000 euros de base imponible tributan a un tipo más bajo, mientras que el exceso lo hace a un tipo algo superior. Y, además, esos tipos también se van reduciendo con el paso de los ejercicios.

Esto implica que dos empresas con el mismo beneficio pueden pagar distinto en función de cómo se reparta su base imponible.

• Atención. No toda la base imponible tributa al tipo más bajo; solo el primer tramo.

2. No todas las sociedades se benefician de esta rebaja

Conviene decirlo sin rodeos: estas reducciones no se aplican a las sociedades patrimoniales. Si más de la mitad del activo está compuesto por valores o no está afecto a una actividad económica, el tipo seguirá siendo el general del 25 %.

Es uno de esos matices que suelen pasarse por alto y que, cuando se detectan tarde, generan sorpresas poco agradables.

• Atención. Una empresa puede parecer "operativa" y, aun así, tener la consideración de patrimonial a efectos fiscales.

3. Ejercicios cortos y límites proporcionales en micropymes

Cuando una micropyme tiene un ejercicio inferior al año -por ejemplo, por un cambio en la fecha de cierre- el tramo de base imponible que puede tributar al tipo reducido no es fijo.

Ese límite de 50.000 euros se prorratea en función de la duración real del ejercicio. Y, además, nunca puede superar la propia base imponible del período.

En la práctica, esto obliga a hacer números con algo más de cuidado, porque no siempre interesa cerrar el ejercicio cuando parece más cómodo desde el punto de vista mercantil.

Cambiar la fecha de cierre puede alterar el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades sin que se perciba a simple vista.

4. 2026 como punto de inflexión fiscal

El año 2026 marca un nuevo escalón en esta reducción progresiva. Las empresas de reducida dimensión pasarán a tributar al 23 %, y las micropymes verán bajar de nuevo los tipos aplicables a sus tramos.

Este escenario introduce una variable interesante en la planificación: el momento en el que se generan los beneficios empieza a importar más que antes.

No es una invitación a forzar decisiones, pero sí a pensar con algo más de perspectiva.

• Atención. Retrasar o adelantar ingresos y gastos puede tener sentido fiscal, pero solo si existe una razón económica real detrás.

 

Tipo impositivo

Los tipos de gravamen aplicables a períodos impositivos iniciados en el año 2024 y 2025 (Art. 29 y DT 44ª LIS) son los siguientes:

Contribuyentes	2024	2025
Tipo general	25%	25%
Micropymes (INCN <1.000.000)
Hasta 50.000 €	23%	21%
Resto BI	23%	22%
Entidades de reducida dimensión (art. 101 LIS)	25%	24%
Entidades de Nueva Creación (ENC) (1)	15%	15%
Empresas emergentes(2)	15%	15%
Entidad patrimonial	25%	25%
Cooperativas fiscalmente protegidas:
Rdos. cooperativos
General	20%	20%
Micropymes  hasta 50.000 €                       Resto BI	20%	18%  19%
Ent. Reducida dimensión	20%	20%
ENC	20%	12%
Rdos. extracooperativos
General	25%	25%
Micropymes hasta 50.000 €                      Resto BI	23%	21%  22%
Ent. Reducida dimensión	25%	24%
ENC	25%	15%
Cooperativas de crédito y cajas rurales:
Rdos cooperativos
General	25%	25%
Mycropymes hasta 50.000 €                      Resto BI	23%	21%  22%
Ent. Reducida dimensión	25%	24%
ENC	25%	15%
Rdos. extracooperativos
General	30%	30%
Micropymes	30%	30%
Ent. Reducida dimensión	30%	30%
ENC	30%	30%
SOCIMI (Ley 11/2009)(3)	0%	0%
Gravamen especial sobre los Bº distribuidos	19%	19%
Gravamen especial sobre los Bº no distribuidos	15%	15%
Entidades ZEC – Zona Especial Canaria(4)	4%	4%
Entidades Ley 49/2002	10%	10%
Entidades de crédito y entidades que se dediquen a la explotación, investigación y exploración de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos	30%	30%
Sociedades y Fondos de Inversión, Fondos de Activos Bancarios, SICAV y Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario	1%	1%
Fondos de pensiones	0%	0%

Notas

⁽¹⁾Para las entidades de nueva creación debe tenerse en cuenta la Disposición Transitoria 22º LIS. 

⁽²⁾Para las empresas emergentes debe tenerse en cuenta el art. 7 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

⁽³⁾Téngase en cuenta que en caso de entrada-salida en el régimen fiscal especial de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, el art. 12 de la citada ley prevé determinadas reglas de acuerdo con el régimen general y el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades.

⁽⁴⁾Téngase en cuenta que a la parte de la base imponible correspondiente a operaciones no realizadas efectiva y materialmente en el ámbito de la Zona Especial Canaria, le será aplicable el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al tipo de entidad. 

Fuente: AEAT

Reducida dimensión

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	Desde 2029
Tipo del IS	25%	24%	23%	22%	21%	20%

Microempresa

Concepto	2024	2025	2026	Desde 2027
Hasta 50.000	23%	21%	19%	17%
Resto base		22%	21%	20%

5. Planificar sin forzar, la clave silenciosa

En este contexto, puede resultar razonable valorar si conviene posponer determinadas operaciones a ejercicios con tipos más bajos o adelantar gastos para suavizar la carga fiscal del año en curso.

Ahora bien, este tipo de ajustes deben hacerse con prudencia. La frontera entre planificar y forzar es más fina de lo que parece, y la Administración suele fijarse especialmente en los cierres de ejercicio "demasiado oportunos".

La planificación fiscal funciona mejor cuando es discreta, coherente y documentada.

6. Una rebaja que merece seguimiento año a año

La reducción del Impuesto sobre Sociedades no es un hecho aislado de un solo ejercicio. Es un proceso que se despliega con el tiempo y que exige revisar cada cierre con un enfoque ligeramente distinto al tradicional.

No se trata solo de pagar menos, sino de entender cuándo y por qué se paga menos.

Dar por sentado el tipo del IS sin revisar la normativa vigente puede llevar a decisiones mal ajustadas.

 

Al cerrar las cuentas del ejercicio, hay una comprobación que muchas empresas pasan por alto y que, sin embargo, puede tener un impacto fiscal relevante: si la sociedad se ha convertido, casi sin darse cuenta, en patrimonial. No siempre se percibe a tiempo, pero basta con que cambie la composición del activo para que la empresa pierda incentivos fiscales importantes.

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Al cierre del ejercicio, una empresa puede adquirir la condición de entidad patrimonial si más de la mitad de su activo está compuesto por valores o por bienes no afectos a una actividad económica.

Este análisis no se hace por intuición ni por el tipo de negocio, sino por una comparación puramente cuantitativa. Y aquí es donde surgen muchos problemas: sociedades que siguen operando, pero cuya estructura patrimonial ha cambiado con el tiempo.

No es necesario que la empresa deje de facturar para ser considerada patrimonial. Basta con que cambie el peso de su activo.

Las consecuencias fiscales

Que una sociedad sea considerada patrimonial no es una etiqueta inocua. Supone, entre otras cosas, perder el acceso a determinados incentivos fiscales que muchas empresas dan por sentados.

Entre los principales efectos destacan:

• La imposibilidad de aplicar los incentivos del régimen de entidades de reducida dimensión.
• La posible limitación en la compensación de bases imponibles negativas si se produce una transmisión significativa del capital social.

Es decir, el impacto no se limita al presente, sino que puede condicionar decisiones futuras.

• Atención. Una sociedad con pérdidas pendientes puede ver muy restringido su aprovechamiento tras un cambio en el accionariado.

El error habitual al comprobar el porcentaje del activo

Uno de los fallos más frecuentes es mirar únicamente el balance cerrado a 31 de diciembre. Sin embargo, la ley exige calcular la media de los balances trimestrales del ejercicio.

Esto significa que una operación puntual a final de año no siempre refleja la realidad fiscal que se tendrá en cuenta. La fotografía válida es la del conjunto del ejercicio, no la del último día.

• Atención. Un inmueble adquirido o vendido a final de año puede no alterar el resultado si no cambia la media anual.

¿Qué valores no computan como tales?

A efectos de este cálculo, no todo lo que figura como "valores" en contabilidad se tiene en cuenta. Quedan fuera, entre otros:

• Los activos mantenidos para cumplir obligaciones legales.
• Los efectos comerciales derivados de la actividad ordinaria.
• Las participaciones de al menos un 5 % en sociedades operativas, siempre que se mantengan durante un año y exista una mínima estructura de gestión.

Este matiz es clave para no inflar artificialmente el porcentaje de activos no afectos.

No basta con tener participaciones en otras sociedades: deben cumplir todos los requisitos para quedar excluidas del cómputo.

Dinero y créditos que tampoco penalizan

Otro punto que suele generar dudas es el tratamiento del dinero y de los derechos de crédito. No se consideran activos no afectos cuando proceden de la venta de elementos afectos o de valores válidos y se han generado en el propio ejercicio o en los dos anteriores.

Esto evita que una empresa se vea penalizada simplemente por haber vendido un activo operativo recientemente.

• Atención. El origen del dinero es tan importante como su importe.

¿Cómo afecta la condición patrimonial a los socios?

Si los socios de la empresa son otras sociedades, la calificación como patrimonial también puede tener consecuencias para ellos, especialmente en caso de transmisión de participaciones.

La exención por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades no desaparece, pero puede verse limitada en función de los años en los que la entidad participada haya sido patrimonial.

La tributación del socio depende del historial patrimonial de la sociedad participada, no solo del momento de la venta.

Un ejemplo

Imaginemos una sociedad que vende su participación del 30 % en otra empresa tras 10 años de tenencia, obteniendo una ganancia de 600.000 euros. Las reservas acumuladas de la participada ascienden a 300.000 euros.

• La parte del beneficio vinculada a reservas sí puede beneficiarse de la exención.
• El resto de la ganancia deberá repartirse proporcionalmente según los años en los que la sociedad participada fue patrimonial.

Si la participada fue patrimonial durante 4 de esos 10 años, solo la parte proporcional generada en los otros 6 ejercicios podrá disfrutar plenamente de la exención.

El resultado práctico es una mayor base imponible de la esperada si no se ha seguido la evolución patrimonial año a año.

El reparto es lineal salvo que se pruebe lo contrario, y esa prueba no siempre es sencilla.

Una revisión imprescindible antes de cerrar el ejercicio

Antes de dar por cerrado el Impuesto sobre Sociedades, conviene revisar con calma la composición del activo y su evolución trimestral. No hacerlo puede llevar a aplicar incentivos que después Hacienda cuestione.

En muchos casos, el problema no está en la operación, sino en no haberla anticipado fiscalmente.

Detectar a tiempo la condición patrimonial permite ajustar decisiones antes de que el ejercicio esté cerrado.

La condición de sociedad patrimonial no siempre se percibe, pero sus efectos fiscales son muy reales. Una revisión preventiva del balance, bien hecha y con criterio, puede evitar perder incentivos o enfrentarse a regularizaciones futuras innecesarias.

Desde el 2026, las ayudas y bonificaciones vinculadas a la formación y al empleo siguen existiendo, pero ya no se gestionan como antes. El nuevo marco refuerza los controles y obliga a las empresas a ordenar mejor sus procesos internos.

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Desde el 1 de enero de 2026, el acceso a subvenciones y bonificaciones en materia de empleo y formación se mueve en un terreno más exigente. El Real Decreto 1189/2025 no elimina ayudas ni cierra la puerta a la formación bonificada, pero sí introduce una idea clara: quien quiera beneficiarse de fondos públicos deberá justificarlo mejor y durante más tiempo.

El objetivo declarado es mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional, tanto de personas desempleadas como de quienes ya están trabajando. En la práctica, esto se traduce en más coordinación entre administraciones, más controles y menos margen para errores formales que antes podían pasar desapercibidos.

A partir de ahora, una gestión "relajada" de la formación puede convertirse en un problema real ante una comprobación administrativa.

Dos normas retocadas para encajar el nuevo modelo

El real decreto actúa sobre dos textos que ya eran conocidos por las empresas. Por un lado, ajusta el régimen de subvenciones en materia de empleo; por otro, revisa en profundidad las reglas de la formación programada en las empresas.

La intención es alinear estas normas con la Ley de Empleo y con la nueva ordenación de la Formación Profesional, evitando contradicciones y cerrando vacíos que hasta ahora generaban interpretaciones dispares entre territorios.

No se trata de una reforma cosmética. Es un reajuste pensado para que todas las piezas -Estado, comunidades autónomas y organismos de control- funcionen de forma más sincronizada.

• Atención. Lo que antes se resolvía con criterios distintos según la comunidad autónoma tiende ahora a un control más homogéneo y coordinado.

Subvenciones a corporaciones locales y una novedad económica relevante

En materia de subvenciones, se mantiene el régimen de concesión directa para los programas clásicos de garantía de rentas, especialmente en el ámbito agrario. Sin embargo, desaparece este sistema para otras ayudas locales orientadas a la creación de empleo estable.

La principal novedad es la incorporación de una percepción económica diaria por asistencia a acciones formativas, dirigida inicialmente a personas desempleadas de Ceuta y Melilla y, en determinados casos, a colectivos considerados prioritarios.

Esta ayuda no será automática ni generalizada. Su aplicación dependerá de lo que establezca cada convocatoria o programa concreto y tendrá límites claros en su cuantía.

• Atención. Esta percepción diaria es incompatible con otras ayudas similares, lo que obliga a revisar bien cada caso antes de solicitarla.

Cuantía y condiciones de la nueva percepción diaria

La prestación económica por día de asistencia tendrá un techo máximo fijado en el 75 % del IPREM diario. No es una cantidad libre ni acumulable sin control, y su regulación concreta se desarrollará mediante orden ministerial.

Además, esta ayuda no puede solaparse con otras destinadas a transporte, manutención, alojamiento o conciliación. El sistema obliga a elegir y justificar con precisión qué apoyo se solicita y por qué.

• Atención. Solicitar ayudas incompatibles entre sí puede acabar en devoluciones y problemas posteriores, incluso aunque exista buena fe.

Formación programada en la empresa y bonificaciones más vigiladas

Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a las empresas que utilizan la formación bonificada. El crédito anual asignado a cada empresa pasa a consolidarse como un límite estricto, sin interpretaciones flexibles.

Además, se fija con claridad el momento hasta el cual pueden aplicarse las bonificaciones: el cierre del plazo de liquidación de cuotas de diciembre, salvo en casos de cese de actividad. A partir de ahí, no hay margen.

La norma insiste en algo que ya estaba, pero que ahora cobra otra dimensión: los costes formativos deben estar perfectamente identificados en la contabilidad y respaldados por documentación sólida.

• Atención. aplicar bonificaciones fuera de plazo o sin respaldo contable claro es uno de los principales focos de devolución futura.

Documentación, conservación y controles reales

La empresa deberá conservar facturas, registros contables y cualquier documento justificativo durante al menos cuatro años, o más si así lo exige la normativa europea. Ya no se trata solo de guardar papeles, sino de poder explicarlos con coherencia.

Los controles también suben de intensidad: al menos el diez por ciento de los fondos públicos destinados a formación deberán ser objeto de actuaciones de seguimiento, tanto en tiempo real como a posteriori.

Una visita de control puede producirse incluso tiempo después de haber aplicado la bonificación, cuando ya no se tiene el asunto "fresco".

Coordinación entre administraciones y posibles consecuencias

Las comunidades autónomas deberán comunicar al SEPE los resultados de sus controles y las irregularidades detectadas. A su vez, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo colaborará en las comprobaciones, aunque sin potestad sancionadora.

Si se detectan bonificaciones indebidas, la empresa podrá verse obligada a devolver total o parcialmente las cantidades aplicadas, con intereses de demora incluidos. En los casos más

• Atención. Superar el crédito anual de formación es causa directa de devolución, incluso aunque la formación se haya realizado.

Ayudas, becas y ajustes sectoriales

El real decreto también integra esta nueva percepción económica en el sistema general de ayudas y becas para personas desempleadas que participan en acciones formativas, incluidas las prácticas no laborales.

Además, se garantiza la continuidad de las actuales comisiones paritarias sectoriales hasta que se constituyan las nuevas estructuras previstas en la normativa, evitando vacíos de gestión durante el periodo transitorio.

Los sectores con formación específica deben revisar el papel de sus comisiones paritarias en esta nueva etapa.

Entrada en vigor

La norma entró en vigor el 1 de enero de 2026 y se apoya en la competencia estatal en materia laboral y de planificación económica, aunque su ejecución recaiga en buena medida en las comunidades autónomas.

Esto implica que, desde el primer mes del año, toda acción formativa bonificada o subvencionada debe plantearse ya con estas nuevas reglas en mente, no como un ajuste posterior.

La formación iniciada en 2026 se juzgará con criterios nuevos, aunque la empresa esté acostumbrada a los anteriores.

 

No todas las amortizaciones son iguales, ni deberían tratarse como si lo fueran. El Tribunal Supremo acaba de aclarar una cuestión que llevaba años generando regularizaciones discutibles. Durante años se ha asumido que, al vender un inmueble alquilado, había que aceptar sí o sí una amortización máxima. El Supremo ha dicho basta.

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Hay decisiones judiciales que no cambian la ley, pero sí la forma de mirarla. Y eso, en materia fiscal, suele marcar la diferencia entre un cálculo razonable y una regularización difícil de explicar. La reciente doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre la amortización de inmuebles alquilados va precisamente en esa dirección.

La cuestión no nace en una gran estructura empresarial ni en una operación sofisticada. Parte de una situación muy común: una persona que alquila un inmueble, declara esos ingresos como rendimientos del capital inmobiliario y, pasado el tiempo, decide vender.

Hasta aquí, nada extraño. El problema aparece cuando, al calcular la ganancia patrimonial de esa venta, la Administración exige minorarlo siempre aplicando una amortización del 3 %, aunque durante los años de alquiler se hubiese utilizado un criterio más ajustado y prudente.

Ese automatismo es precisamente lo que el Tribunal Supremo ha decidido desmontar.

• Atención. Si se ha vendido un inmueble alquilado en los últimos años, conviene revisar cómo se calculó la amortización aplicada al valor de adquisición.

Qué defendía la Administración

La posición administrativa era sencilla, pero excesivamente rígida: si el inmueble no estaba afecto a una actividad económica, la única amortización válida a efectos de la venta debía ser la del 3 % anual, con independencia de lo que se hubiese hecho en la práctica.

El argumento era formal: al no existir actividad económica, no se podían usar tablas ni criterios alternativos. El resultado, sin embargo, era poco razonable: se forzaba una depreciación ficticia mayor, elevando artificialmente la ganancia patrimonial… y, con ella, la factura fiscal.

• Atención. Una amortización impuesta sin atender a la realidad del bien puede inflar de forma significativa la tributación en el IRPF.

El criterio del Tribunal Supremo

El Supremo introduce un matiz clave, que en realidad es puro sentido común:
el hecho de no desarrollar una actividad económica no invalida la posibilidad de aplicar una amortización inferior, siempre que encaje en el concepto de amortización mínima previsto en la Ley del IRPF.

Dicho de otro modo, el 3 % no es una obligación automática. Es un límite máximo. Y como todo límite, permite moverse por debajo cuando existen razones técnicas y coherentes para hacerlo.

El Tribunal rechaza que la calificación del rendimiento (capital inmobiliario frente a actividad económica) sea suficiente para imponer una amortización máxima sin más análisis.

• Atención. No todo lo que la norma permite como máximo debe aplicarse obligatoriamente en todos los casos.

La amortización mínima no es sinónimo de amortización máxima

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la distinción -a menudo ignorada- entre dos planos distintos:

• La amortización como gasto deducible durante el alquiler.
• La amortización que debe minorar el valor de adquisición al vender.

El Supremo recuerda que la llamada amortización mínima no está definida con números cerrados en la Ley y que, ante ese vacío, es legítimo acudir a criterios técnicos razonables, como los previstos en la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1998, incluso aunque el inmueble no estuviera afecto a una actividad económica.

• Atención. Confundir amortización mínima con un porcentaje fijo obligatorio puede llevar a liquidaciones incorrectas.

¿Qué implica esto en la práctica?

Esta doctrina abre la puerta a defender -con base jurídica sólida- amortizaciones más ajustadas a la vida útil real del inmueble, evitando correcciones automáticas que penalizan al contribuyente sin una justificación económica real.

También refuerza algo importante: la interpretación razonable de la norma no puede convertirse en una sanción encubierta cuando el propio marco legal es incompleto.

• Atención. Existen casos en los que puede ser viable revisar liquidaciones anteriores o plantear recursos si se aplicó el 3 % de forma automática.

Recuerde…

Cada transmisión tiene su historia y sus números. A partir de esta sentencia, conviene analizar con calma:

• Cómo se amortizó el inmueble durante los años de alquiler,
• Qué criterio se utilizó al calcular la ganancia patrimonial,
• Y si la amortización aplicada responde realmente a una depreciación razonable.

No se trata de forzar interpretaciones, sino de defender cálculos coherentes, bien documentados y alineados con la doctrina del Tribunal Supremo.

Antes de aceptar una regularización o cerrar una venta futura, es recomendable revisar el impacto real de la amortización aplicada.

 

El Gobierno aprueba la revalorización de casi 13 millones de pensiones y prestaciones en 2026. La subida, que se hará efectiva a partir del 1 de enero, conlleva un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Las pensiones mínimas aumentarán su cuantía entre un 7% y un 11,4% en 2026, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo harán un 11,4%.

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El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, efectiva desde el próximo 1 de enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

El texto también contempla cotizaciones adicionales para determinados colectivos, como la prórroga para la de compatibilidad de jubilación y trabajo para profesionales sanitarios, ajustes técnicos en materia de cotización y tesorería, o la aprobación de la cotización adicional que permita el acceso a la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada para agentes medioambientales y bomberos forestales aprobada este año.

En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y, en consecuencia, los pensionistas van a mantener o aumentar su poder adquisitivo. Entre ellos, se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.  

Desde el 1 de enero de 2026 y hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales.

• Incremento de las pensiones contributivas

El incremento de las pensiones contributivas es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de 2025 de jubilación en noviembre) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Hay que recordar que este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

• Pensiones mínimas y no contributivas

El Gobierno también ha acordado hoy el incremento de las pensiones mínimas, de las no contributivas (PNC) y del IMV de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07%% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 ha sido de 15.786,4 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,7%.

• Cotización adicional para bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales

El Real Decreto-ley incluye además otras medidas relevantes que afectan a colectivos específicos y a la gestión del sistema. Se regula una cotización adicional del 10,60% para los bomberos y los agentes forestales y medioambientales, lo que permite activar los coeficientes reductores que hacen posible el anticipo de la edad de jubilación de estos colectivos, en reconocimiento a la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional. Esta medida se prorroga tras los resultados positivos obtenidos, ya que entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales sanitarios se han acogido a esta modalidad, contribuyendo a reforzar la atención sanitaria.

• Ajustes en cotizaciones

El texto aprobado incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones Se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización en coherencia con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. El tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros y se establece la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el 0,90%.

Este mecanismo está destinado a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que acabará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros, su nivel más alto desde diciembre de 2017.

Igualmente, se actualiza la cotización adicional de solidaridad y, en el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025. En este aspecto, la negociación sigue abierta para tratar de alcanzar un acuerdo que permita cumplir lo acordado en el año 2022 para cumplir el objetivo de cotizar por ingresos reales.

• Obligación de comunicación del CNAE

También se actualizan las tarifas de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, adaptándolas a los nuevos códigos CNAE.

Se incorpora una nueva disposición transitoria 45.ª a la LGSS, que regulará la obligación de comunicación del CNAE-2025. Desde ahora, en el caso de que los sujetos responsables de la obligación del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social no hubieran comunicado a la TGSS el nuevo código CNAE, en las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social que se practiquen a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará, para la cobertura de las contingencias profesionales, el tipo de cotización superior de aquellos que sean aplicables a la totalidad de los códigos de la CNAE-2025 respecto de los que el código de la CNAE-2009 tenga una correspondencia, según las tablas publicadas por el INE.

• Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional

Se incluye la prórroga de la vigencia del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025: 39,47 euros/día o 1184 euros/mes, hasta que se fije el SMI para 2026.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) ha prorrogado determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, por la que se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2025, que prorroga y amplía distintas medidas sociales y fiscales, e introduce novedades relevantes que afectan a autónomos, personas físicas y empresas en materia de IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades, así como medidas específicas para personas y empresas afectadas por la DANA.

A continuación, resumimos los principales cambios de forma clara y práctica.

1. IVA: módulos, agricultura y libros registro

Se mantienen los módulos en 2026

Se prorrogan para 2026 los límites que permiten seguir aplicando:

• El régimen simplificado del IVA (módulos).
• El régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Esto evita cambios automáticos de régimen para muchos autónomos.

Plazo para renunciar o volver a módulos

El plazo para renunciar o revoca  r la renuncia a estos regímenes para 2026 será:

• Del 25 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Las opciones ejercidas entre el 1 y el 24 de diciembre de 2025 también serán válidas y podrán modificarse dentro del plazo general.

Plazo especial para libros registro de IVA y REDEME

Entre el 26 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 se habilita un plazo extraordinario para:

• Renunciar a llevar los libros de IVA a través de la Agencia Tributaria.
• Solicitar la baja en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME) para 2026.

2. IRPF: módulos, vivienda, ayudas y deducciones

Módulos en IRPF

También se prorrogan para 2026 los límites para tributar por estimación objetiva (módulos) en el IRPF, salvo en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen sus propios límites.

El plazo de renuncia o revocación será el mismo:

• Del 25 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Imputación de rentas inmobiliarias

Desde el 1 de enero de 2025, se aclara que se aplicará el porcentaje reducido del 1,1 % para la imputación de rentas de inmuebles situados en municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados a partir de 2012.

Esto puede reducir la tributación de muchos inmuebles no alquilados.

Exención de ayudas por incendios y emergencias

Quedan exentas de IRPF las ayudas por daños personales concedidas a personas afectadas por:

• Incendios forestales.
• Otras emergencias de protección civil ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025.

Deducciones prorrogadas hasta 2026

Se amplían hasta el 31 de diciembre de 2026:

• La deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.
• La deducción por compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno, así como por la instalación de puntos de recarga.

Prestaciones por desempleo: no siempre hay que declarar

Se elimina la obligación general de presentar la declaración del IRPF para todas las personas que cobran prestaciones o subsidios por desempleo.

• Atención. Desde la declaración de 2025, solo deberán declarar cuando se cumplan los requisitos generales establecidos en la ley del IRPF.

3. Impuesto sobre Sociedades: inversiones y amortizaciones

Amortización libre de vehículos eléctricos

Las empresas podrán amortizar libremente:

• Vehículos eléctricos nuevos (eléctricos, híbridos enchufables, hidrógeno, etc.).
• Infraestructuras de recarga eléctrica, si entran en funcionamiento en ejercicios iniciados en 2024, 2025 o 2026.

Esta medida permite reducir la base imponible del impuesto de forma más rápida.

Energías renovables

Se prorroga hasta 2026 la libertad de amortización para inversiones empresariales que utilicen energías renovables.

4. Medidas especiales para personas y empresas afectadas por la DANA

Ampliación de ayudas

Las ayudas directas se amplían a:

• Comunidades de bienes.
• Entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas en los municipios afectados por la DANA de finales de octubre y principios de noviembre de 2024.

Plazos de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse:

• Del 21 de enero al 11 de marzo de 2026, a través de la Agencia Tributaria.

No será necesario volver a solicitar la ayuda si ya se presentó la solicitud anterior y aún no se había resuelto.

El pago se realizará:

• A partir del 2 de febrero de 2026, mediante transferencia bancaria.

Ayudas autonómicas exentas de impuestos

Determinadas ayudas urgentes concedidas por la Comunitat Valenciana para mantener el empleo y reactivar la economía estarán exentas de tributación, tanto en IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades.

Las medidas descritas exigen una revisión inmediata de opciones fiscales ejercitadas, especialmente en módulos, regímenes especiales de IVA, amortizaciones y planificación de inversiones, así como un análisis individualizado en los supuestos de ayudas públicas y exenciones aplicables.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Se acaba 2025 pero ya entramos en 2026 y el calendario no espera a nadie. Queremos recordarle cuáles son sus obligaciones fiscales correspondientes al mes de enero 2026. Para cualquier duda o consulta nos tiene a su disposición.

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Hasta el 12 de enero

INTRASTAT – Estadística Comercio Intracomunitario

• Diciembre 2025. Obligados a suministrar información estadística

Hasta el 20 de enero

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las Instituciones de Inversión Colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas y, de rentas de no residentes obtenidas sin establecimiento permanente.

• Diciembre 2025. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Cuarto trimestre 2025: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades: 039
• Solicitud de devolución por sujetos pasivos en el régimen simplificado del IVA y que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, por adquirir determinados medios de transporte: 308

Impuesto sobre las Primas de Seguros

• Diciembre 2025: 430

Impuestos Especiales de Fabricación

• Octubre 2025. Grandes empresas: 561, 562, 563
• Diciembre 2025: 548, 566, 581
• Diciembre 2025: 573 (Autoliquidación), A24 (Solicitud de devolución)
• Cuarto trimestre 2025: 521, 522, 547
• Cuarto trimestre 2025. Actividades V1, F1: 553 (establecimientos autorizados para la llevanza de la contabilidad en soporte papel)
• Cuarto trimestre 2025. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572
• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados y representantes fiscales: 510

Impuesto Especial sobre la Electricidad

• Diciembre 2025. Grandes empresas: 560
• Cuarto trimestre 2025. Excepto grandes empresas: 560

Impuestos Medioambientales

• Diciembre 2025. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación: 592
• Cuarto trimestre 2025. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación: 587. Solicitud de devolución: A23. Presentación contabilidad de existencias
• Cuarto trimestre 2025. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación: 592. Solicitud de devolución: A22
• Año 2025. Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Producción de residuos radioactivos. Autoliquidación: 584
• Año 2025. Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación anual: 585

Impuesto Especial sobre el Carbón

• Cuarto trimestre 2025: 595
• Año 2025. Declaración anual de operaciones: 596

Impuestos sobre las Transacciones Financieras

• Diciembre 2025: 604

Hasta el 30 de enero

Pagos fraccionados Renta

• Cuarto trimestre 2025:
  • Estimación directa: 130
  • Estimación objetiva: 131

IVA

• Diciembre 2025. Autoliquidación: 303
• Diciembre 2025. Grupo de entidades, modelo individual: 322
• Diciembre 2025. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
• Diciembre 2025. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
• Diciembre 2025 (o año 2025). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
• Cuarto trimestre 2025. Autoliquidación: 303
• Cuarto trimestre 2025. Declaración-liquidación no periódica: 309
• Cuarto trimestre 2025. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
• Cuarto trimestre 2025. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
• Resumen anual 2025: 390
• Solicitud de devolución de cuotas reembolsadas a viajeros por empresarios en recargo de equivalencia: 308
• Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicio: 318
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341
• Opción o revocación de la aplicación de la prorrata especial para 2026 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre de 2025: 036

Impuestos medioambientales

• Cuarto trimestre 2025. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación: 593

Hasta el 31 de enero

IVA

• Diciembre 2025. Ventanilla única – Régimen de importación: 369
• Cuarto trimestre 2025: Ventanilla única – Regímenes Exterior y de la Unión: 369

El último trimestre del año trae consigo una regla especial en la regularización de las retenciones de IRPF. Aunque durante el resto del año existe cierta flexibilidad, de octubre a diciembre todo cambia. Esta circular resume qué debe revisar la empresa.

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Con el cierre del ejercicio fiscal se acumulan tareas, cálculos y revisiones, y entre ellas aparece una obligación que a menudo pasa desapercibida: la regularización de las retenciones de IRPF. Aunque se trata de un procedimiento rutinario, su aplicación cambia en los meses finales del año, y conviene recordarlo para evitar errores que puedan derivar en requerimientos o discrepancias con la AEAT.

A continuación le explicamos, de forma ordenada y práctica, qué debe revisar la empresa y qué reglas aplican en el último trimestre.

1. Cómo se calcula inicialmente la retención del trabajador

El tipo de retención no se decide "una vez y ya está". La empresa debe calcularlo en dos momentos esenciales:

1. Cuando el trabajador se incorpora
2. Al inicio de cada año.

Este cálculo parte de dos elementos:

• Las retribuciones previsibles, y
• Las circunstancias personales y familiares del empleado (modelo 145).

Retribuciones previstas: cómo estimarlas correctamente

El cálculo exige cierta prudencia y sentido común:

• Si no se prevé un cambio relevante, se toman como referencia las variables del año anterior (comisiones, bonus, horas extras…).
• Si hay información objetiva que demuestra que el variable será distinto, debe ajustarse la previsión.

Algunos ejemplos ayudan:

• Si un comercial ha firmado un cliente clave y eso implica más comisiones, el cálculo debe adaptarse.
• Si un bonus pagado en 2024 responde a un proyecto puntual no repetible, no debe arrastrarse al nuevo año.

Atención. Un error frecuente es utilizar las variables del año anterior sin valorar si realmente se repetirán. Esto puede generar tipos incorrectos y posteriores regularizaciones forzosas.

2. Importancia del modelo 145 y efectos de su ausencia o error

El empleado debe comunicar sus circunstancias mediante el modelo 145. Si no lo entrega, la empresa debe aplicarle el tipo como si fuese soltero y sin cargas.

Si el modelo contiene datos falsos o incompletos para reducir la retención, Hacienda no sanciona a la empresa, sino al trabajador.

• Atención. Guarda siempre los modelos 145 entregados por los empleados; son la única prueba de que el tipo aplicado era el correcto según la información facilitada.

3. Cambios durante el año: cuándo debe regularizar la empresa

En la práctica, las circunstancias cambian con más frecuencia de lo que parece: nacimientos, aumentos salariales, nuevas fuentes de ingresos del cónyuge, ampliaciones de jornada, reducciones, nuevas retribuciones variables, etc.

Regla general

• Si el cambio depende de la empresa (subida salarial, ascenso, prima, nuevas variables), la regularización debe aplicarse de inmediato, desde el momento en que la variación se produce.
• Si el cambio afecta a la situación personal del trabajador, la retención se ajusta desde que presenta el modelo 145 (siempre que lo haga al menos 5 días antes de preparar nóminas).

Obligación de comunicar – y cuándo no existe tal obligación

Si el cambio reduce la retención (por ejemplo, nacimiento de un hijo), el trabajador no tiene obligación de comunicarlo.

Si el cambio incrementa la retención (el cónyuge empieza a trabajar, un ascendiente deja de cumplir los requisitos, etc.), entonces sí está obligado a informar a la empresa.

• Atención. Si la empresa conoce un dato que incrementa la retención y no lo aplica, la responsabilidad pasa a ser compartida: Hacienda considerará incorrecta la retención y podrá reclamar diferencias.

4. Regularización trimestral o mensual: la regla especial del último trimestre

Aquí está el punto donde más errores se producen. La norma permite cierta flexibilidad solo durante los primeros nueve meses del año:

• Cambios entre enero y septiembre → la empresa puede regularizar trimestralmente en abril, julio y octubre.

Ejemplo: un empleado presenta un nuevo modelo 145 en agosto; la empresa puede esperar y aplicar el nuevo tipo a partir de la nómina de octubre.

Pero en el último trimestre la regla cambia completamente:

De octubre a diciembre, la regularización debe ser mensual.

• No es opcional.
• No se puede esperar al cierre del trimestre.
• Cada variación comunicada debe reflejarse en la nómina inmediata siguiente.

Atención. En octubre, noviembre y diciembre, cualquier retraso en aplicar el nuevo tipo se considera incumplimiento. Es el período más vigilado por la AEAT en materia de retenciones.

5. Por qué esta regularización es esencial para la empresa

Aplicar correctamente las regularizaciones evita:

• Diferencias entre lo retenido y lo que Hacienda espera,
• Reclamaciones posteriores al trabajador,
• Ajustes complicados en el Modelo 190,
• Responsabilidades accesorias para la empresa.

Además, una correcta regularización facilita que el trabajador no se encuentre con sorpresas en su declaración de la renta.

Cualquier retención mal calculada puede convertirse en un coste reputacional y administrativo para la empresa, aunque no exista sanción directa.

La regularización de retenciones no es solo una obligación mecánica. Afecta a la imagen de la empresa, a la planificación fiscal de los empleados y a la concordancia de los datos que recibe Hacienda. El último trimestre exige especial atención: de octubre a diciembre no hay margen, la regularización es mensual y automática.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

La nueva fecha de entrada en vigor, fijada en 2027, obliga a redibujar el mapa de actuaciones en materia de facturación digital y a revisar, caso por caso, el impacto del aplazamiento. La prórroga supone mucho más que un simple cambio de año: extender Verifactu a 2027 implica reconsiderar inversiones, ritmos de trabajo y decisiones administrativas adoptadas antes de este cambio.

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El Consejo de Ministros del día 2 de diciembre volvió a recordarnos que en materia tributaria nada está completamente cerrado hasta que lo publica el BOE. Con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2025, el Gobierno ha decidido volver a mover las fechas de aplicación del Reglamento VERI*FACTU, ampliando un año más el calendario previsto para adaptar los sistemas informáticos de facturación. Un anuncio que, aunque alivie la presión inmediata, también obliga a revisar decisiones tomadas en los últimos meses.

Qué ha cambiado realmente: un nuevo horizonte en 2027

El núcleo de la modificación es sencillo de explicar:

• Las empresas del Impuesto sobre Sociedades tendrán que tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027.
• Los autónomos y demás obligados tributarios disponen hasta 1 de julio de 2027.

El ajuste vuelve a retrasar lo que, en teoría, debía entrar en vigor en 2026. La idea es garantizar una transición menos abrupta y dar margen a un tejido empresarial que aún acusa las dificultades técnicas para adaptar software, procedimientos internos y procesos de control.

• Atención. Aunque el plazo se amplía, no conviene detener ningún proyecto de adaptación ya iniciado. El retraso no elimina la obligación, solo la aplaza.

El matiz que no debe perderse de vista: es un Real Decreto-ley

El instrumento jurídico elegido obliga a fijarse en un detalle que suele pasar desapercibido: los Reales Decretos-leyes necesitan ser convalidados por el Congreso en un plazo de 30 días. Hasta que eso ocurra, el escenario está "vigente pero pendiente".

Esto no significa que vaya a producirse un giro radical, pero sí que la seguridad plena aún no es completa.

• Atención. Habrá que estar muy atentos al trámite parlamentario; una eventual derogación podría devolvernos de golpe al calendario anterior.

Qué implica para quienes ya habían tomado decisiones censales

Una parte de las empresas había optado -por prudencia o para evitar la obligación de adaptar sus sistemas- por darse de alta en el SII-IVA o en el REDEME con efectos 1 de enero de 2026.
El problema es que estas opciones llevan aparejado un periodo mínimo de permanencia, y la renuncia solo puede hacerse en noviembre, mes que ya ha quedado atrás.

La situación es paradójica: quienes actuaron con previsión pueden encontrarse ahora atrapados en un régimen del que no pueden salir, al menos no con efectos inmediatos.

• Atención. Se está a la espera de que el Gobierno habilite un periodo extraordinario de renuncia, como ya ocurrió en 2017. De momento, no está aprobado.

Los proveedores de software: una fecha que no se mueve

Mientras los usuarios ganan tiempo, los fabricantes y comercializadores de software no.
La obligación para ellos ya venció el 29 de julio de 2025, y se mantiene tal cual.
Eso significa que buena parte del sector ya opera con versiones adaptadas o en proceso avanzado de actualización.

• Atención. Si tienes contrato de mantenimiento plurianual, la actualización deberá respetar el nuevo calendario, pero el proveedor puede tener ya listas las versiones obligatorias.

Por qué se retrasa otra vez: una mezcla de prudencia técnica y realismo

El texto del Real Decreto-ley reconoce que el aplazamiento responde a varias razones:

• La adaptación informática está resultando más compleja de lo previsto.
• El Gobierno quiere evitar una implantación desigual en pymes, autónomos y empresas más grandes.
• Se pretende asegurar que, cuando el sistema entre en vigor, lo haga con estabilidad y sin generar más caos administrativo.

En otras palabras: se ha considerado preferible retrasar un año más antes que forzar una transición en condiciones poco fiables.

• Atención. Retrasar no significa relajar. La Agencia Tributaria seguirá vigilando el uso del software de doble uso y la trazabilidad de la facturación.

Qué te recomendamos hacer ahora

Aunque la noticia puede generar la tentación de posponer todo, nuestra valoración es más prudente:

• Mantener el plan de adaptación y no "bajar la guardia".
• Revisar si tu empresa activó opciones censales que ahora podrían no ser necesarias.
• Verificar con tu proveedor de software qué versiones están ya disponibles.
• Documentar internamente el estado del proyecto, especialmente si la empresa es mediana o grande.

El objetivo es llegar a 2027 sin improvisaciones y con margen para ajustar lo que sea necesario.

• Atención. La adaptación será obligatoria para todos, sin excepciones. El aplazamiento no debe interpretarse como una señal de que la norma vaya a desaparecer.

El aplazamiento nos regala tiempo, sí, pero también nos recuerda que el cumplimiento normativo sigue avanzando hacia un escenario donde la transparencia digital será la norma. La mejor forma de aprovechar esta ampliación no es detenerse, sino avanzar con más calma y mejor planificación.

Si necesita que revisemos su caso concreto, su opción censal, el estado de su software o la estrategia más conveniente para su empresa, estamos a tu disposición.

Pueden ponerse en contacto con nuestro despacho para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Rodríguez y asociados.