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La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) no solo ha causado daños materiales y económicos, sino que también ha alterado el día a día de miles de trabajadores. En un contexto en el que muchas infraestructuras, oficinas y viviendas han sido gravemente afectadas, el teletrabajo se presenta como una solución viable para garantizar la continuidad laboral mientras se reconstruyen las zonas dañadas. Sin embargo, ¿qué dice la normativa laboral al respecto? ¿Qué derechos tienen los empleados afectados por la DANA? A continuación, aclaramos todas las dudas sobre este tema.

¿Es Obligatorio el Teletrabajo tras la DANA?

En situaciones excepcionales como las derivadas de una catástrofe natural, el teletrabajo puede ser una herramienta clave para conciliar las necesidades del trabajador y las del empleador. Sin embargo, en España, el teletrabajo no es obligatorio por ley salvo en los siguientes casos:

1. Acuerdo entre ambas partes: Tanto el empleado como el empleador deben estar de acuerdo para establecer el teletrabajo como alternativa temporal o permanente.
2. Circunstancias excepcionales: Durante la pandemia de COVID-19, el teletrabajo fue obligatorio por razones de salud pública, pero no existe una disposición específica que obligue a las empresas a ofrecer esta modalidad en casos como la DANA. Sin embargo, muchas empresas optan por ofrecer teletrabajo como una medida de apoyo a sus empleados.

Por lo tanto, si la empresa tiene los medios tecnológicos para ofrecer teletrabajo y las circunstancias lo permiten, puede ser una solución recomendada, pero no impuesta por ley.

Derechos Laborales de los Trabajadores Afectados por la DANA

Los trabajadores afectados por la DANA cuentan con una serie de derechos laborales que garantizan su seguridad, bienestar y estabilidad económica. Entre los más destacados se encuentran:

1. Adaptación de la Jornada o Modalidad de Trabajo

• Los empleados que hayan sufrido daños en su vivienda, en sus medios de transporte o en su lugar de trabajo pueden solicitar una adaptación temporal de su jornada laboral o trabajar desde casa, siempre que esto sea posible.
• Según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados tienen derecho a pedir modificaciones en su horario o lugar de trabajo por causas de fuerza mayor o motivos personales excepcionales.

2. Permiso Retribuido por Imposibilidad de Desplazamiento

• Si un trabajador no puede acudir físicamente a su lugar de trabajo debido a los daños causados por la DANA (carreteras cortadas, transporte interrumpido, etc.), podría solicitar un permiso retribuido. Este permiso puede ser negociado directamente con la empresa y depende del convenio colectivo aplicable.

3. Acceso a un ERTE por Fuerza Mayor

• Las empresas afectadas por la DANA pueden acogerse a un ERTE por fuerza mayor, lo que permite a los empleados mantener su contrato y recibir una prestación por desempleo mientras la empresa restablece su actividad. En este caso, los trabajadores afectados deben estar atentos a las notificaciones de su empleador.

4. Prestación por Incapacidad Temporal

• Si un empleado no puede trabajar debido a lesiones físicas o psicológicas derivadas de la DANA, puede acceder a la prestación por incapacidad temporal. En estos casos, el período de baja laboral se considera equivalente a un accidente de trabajo, eliminando el requisito de cotización previa para acceder a la prestación.

Ventajas del Teletrabajo como Solución Temporal

El teletrabajo, cuando es posible, ofrece múltiples beneficios tanto para empleados como para empresas en situaciones de emergencia como la DANA:

1. Continuidad de la actividad económica: Permite que las empresas mantengan su productividad, incluso si las oficinas están dañadas o inaccesibles.
2. Conciliación familiar: Muchas familias afectadas por la DANA se encuentran reorganizando su vida, especialmente si sus viviendas han sido dañadas o destruidas.
3. Reducción del estrés laboral: Evita los desplazamientos complicados por las infraestructuras dañadas y permite a los empleados trabajar desde un entorno seguro.
4. Flexibilidad para los trabajadores afectados: Los empleados pueden ajustar su horario para atender sus necesidades personales mientras se recuperan los servicios básicos en sus comunidades.

Obligaciones del Empleador ante el Teletrabajo

Si se establece el teletrabajo como solución temporal, el empleador tiene las siguientes obligaciones:

1. Facilitar los medios necesarios: La empresa debe proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para que el trabajador desempeñe sus funciones (ordenadores, conexión a internet, software, etc.).
2. Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales: Aunque el empleado trabaje desde casa, la empresa sigue siendo responsable de garantizar unas condiciones laborales seguras.
3. Respetar el derecho a la desconexión digital: Durante el teletrabajo, el trabajador tiene derecho a no responder llamadas, correos electrónicos u otras solicitudes fuera de su horario laboral.

¿Qué Hacer si No Puedo Teletrabajar?

En algunos casos, el teletrabajo no es posible debido a la naturaleza del empleo (por ejemplo, trabajadores de la construcción, transporte, agricultura, etc.). En estas situaciones, existen otras alternativas:

• Solicitar permisos retribuidos o no retribuidos: Dependiendo del convenio colectivo y la política de la empresa, el empleado puede negociar un permiso temporal.
• Reducción de jornada laboral: Si el trabajador necesita atender emergencias personales o familiares, puede solicitar una reducción de jornada, aunque esta podría implicar una reducción proporcional del salario.
• Prestaciones sociales: Los trabajadores afectados por la DANA pueden acceder a ayudas estatales para cubrir pérdidas económicas y otras necesidades básicas.

Conclusión

El teletrabajo se presenta como una opción viable y flexible para garantizar la continuidad laboral de los empleados afectados por la DANA, siempre que ambas partes (empleador y trabajador) lo acuerden. Sin embargo, no siempre será posible, y en esos casos, existen derechos laborales y medidas adicionales que protegen a los trabajadores, como permisos retribuidos, ERTEs por fuerza mayor o prestaciones por incapacidad temporal.

Si te encuentras en esta situación, te recomendamos que te informes sobre tus derechos, hables con tu empleador y, si es necesario, busques asesoramiento legal para garantizar que las decisiones laborales se ajusten a la normativa vigente.

El pasado 11 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un ambicioso paquete de medidas destinadas a paliar los daños ocasionados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Estas medidas, incluidas en el Real Decreto-Ley 7/2024 y publicadas en el BOE, contemplan más de 110 acciones con una inversión superior a los 10.600 millones de euros. Su objetivo es impulsar un Plan de Respuesta Inmediata, que permita la reconstrucción y relanzamiento de la actividad económica en las zonas afectadas.

Este conjunto de acciones refuerza el escudo social y pretende beneficiar a unas 400.000 personas trabajadoras, reactivar la actividad de 30.000 empresas y proporcionar apoyo a 100.000 hogares que necesitan cubrir necesidades básicas. A continuación, te presentamos las principales medidas adoptadas para proteger a los trabajadores, apoyar a los autónomos y empresas, y restaurar las zonas dañadas.

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Medidas de Protección para Trabajadores Afectados

Ampliación de los ERTE por Fuerza Mayor

Una de las medidas más destacadas es la ampliación de los ERTE por fuerza mayor, que tendrán aplicación retroactiva en todas las zonas afectadas por la DANA. Esta medida también se extiende a empresas y trabajadores cuya actividad, aunque no se localice en los municipios directamente dañados, se haya visto gravemente perjudicada.

Con esta iniciativa, el gobierno busca proteger los ingresos de miles de trabajadores, evitando despidos masivos y permitiendo que las empresas puedan retomar su actividad lo antes posible. Actualmente, 400 empresas ya han solicitado este tipo de ERTE, afectando a un total de 9.000 trabajadores.

Prestación por Incapacidad Temporal

Otra medida significativa es la equiparación de la prestación por incapacidad temporal a la que se otorga en casos de accidentes de trabajo. Además, se ha eliminado el requisito de años mínimos cotizados para poder acceder a este beneficio, facilitando así el acceso a la prestación.

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Ayudas para Autónomos y Empresas

Prestación Extraordinaria para Autónomos

Se ha aprobado una prestación extraordinaria que permitirá a los autónomos afectados compatibilizar su actividad laboral con la recepción de una ayuda equivalente al 50% de su base de cotización durante un periodo de tres meses. Esto representa un alivio económico directo para los trabajadores por cuenta propia que han sufrido pérdidas significativas debido a la DANA.

Ayudas Directas para Explotaciones Agrarias

El sector agrario, uno de los más afectados, contará con una nueva línea de ayudas directas por valor de 200 millones de euros. Estas ayudas están destinadas a explotaciones que hayan sufrido daños severos, como la imposibilidad de llevar a cabo la próxima campaña con normalidad o pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.

Línea ICO para Agricultores y Ganaderos

Se ha activado una línea de créditos ICO MAPA SAECA por 60 millones de euros, dirigida específicamente a agricultores y ganaderos. Además, se han destinado 175 millones de euros para la reparación de infraestructuras agrarias, como caminos, sistemas de regadío y bancales, con el objetivo de recuperar la producción alimentaria y evitar el abandono de la actividad agrícola en zonas con pequeñas explotaciones.

Línea ICO para Empresas, Autónomos y Hogares

Para facilitar la recuperación económica de empresas, autónomos y familias afectadas, se ha activado un primer tramo de 1.000 millones de euros en créditos ICO. Esta línea cuenta con avales que cubrirán el 80% del préstamo total, agilizando el acceso a ayudas, indemnizaciones e inversiones necesarias para retomar la actividad.

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Medidas Adicionales de Apoyo al Tejido Productivo y las Infraestructuras

Ayudas para Cines, Librerías y Entidades Culturales

El paquete de medidas incluye casi 2 millones de euros en ayudas directas para cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas debido a los daños ocasionados por la DANA.

Plan de Restauración de la Albufera y Cuencas Fluviales

La restauración medioambiental también forma parte de este plan. Se ha asignado un presupuesto de 45 millones de euros para la rehabilitación de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por las inundaciones, garantizando así la recuperación de estos ecosistemas.

Plan de Acción Contra el Lodo

Uno de los problemas más visibles tras la DANA ha sido la acumulación de barro y restos en las zonas afectadas. Para hacer frente a esta situación, el gobierno ha destinado 500 millones de euros a un Plan de Acción contra el Lodo, que incluye la retirada de barro y la reparación de redes de agua en los municipios afectados.

El plan, aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, también contempla la exención temporal del canon de control de vertidos y la creación de una línea de subvenciones para las áreas afectadas.

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Impacto de las Medidas en la Economía y la Sociedad

Este ambicioso paquete de medidas tiene como objetivo no solo responder de manera inmediata a las necesidades de los afectados, sino también sentar las bases para una recuperación sostenible. A través de una combinación de protección social, apoyo económico y reconstrucción de infraestructuras, el gobierno pretende minimizar el impacto económico y social de la DANA, evitando el colapso de empresas y sectores clave.

Además, la implementación de estas medidas representa una apuesta decidida por mantener el empleo y garantizar la recuperación del tejido productivo, especialmente en los sectores más vulnerables, como el agrario y el cultural.

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Conclusión

El Real Decreto-Ley 7/2024 supone un esfuerzo sin precedentes para ayudar a los afectados por la DANA, poniendo en marcha una batería de medidas que cubren desde la protección de los trabajadores hasta la restauración de infraestructuras. Aunque estas acciones han sido bien recibidas por muchos sectores, también se enfrentan al reto de garantizar una ejecución eficiente y rápida, para que los afectados puedan percibir las ayudas en el menor tiempo posible.

Si te encuentras en alguna de las áreas afectadas, te recomendamos que estés atento a las convocatorias oficiales y consultes con expertos para acceder a estas ayudas y subvenciones. El objetivo principal es recuperar la normalidad económica y social de los territorios dañados cuanto antes.

En los últimos meses, España ha sido objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de retribución en las últimas semanas del permiso parental de 8 semanas, incumpliendo así la Directiva 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores.

La normativa europea exige que los Estados miembros garanticen que al menos las dos últimas semanas del permiso parental sean remuneradas. Sin embargo, España no ha implementado esta disposición, a pesar de que el plazo para su adopción venció en agosto de 2022.

Procedimiento de infracción: Primeros pasos del proceso sancionador

Para abordar este incumplimiento, la Comisión Europea ha iniciado un proceso sancionador enviando una carta de emplazamiento, lo que constituye el primer paso en el procedimiento de infracción. El gobierno español dispone de un plazo de dos meses para corregir la situación y cumplir con la normativa europea. De no tomar las medidas adecuadas en ese tiempo, el procedimiento podría avanzar hacia una segunda fase, en la cual la Comisión emitiría un dictamen motivado.

Si España sigue sin cumplir la directiva, el caso podría ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuenta con la facultad de imponer sanciones económicas al país.

La demora en la implementación de la directiva de conciliación

El plazo para que los Estados miembros incorporaran las disposiciones de la Directiva Europea de Conciliación a sus legislaciones nacionales culminó el 2 de agosto de 2022. La demora de España en cumplir con esta obligación no solo expone al país a sanciones, sino que también vulnera los derechos de las familias, que se ven privadas de una ayuda económica durante las últimas semanas del permiso parental, esencial para facilitar la conciliación familiar y profesional.

Desde el Ministerio de Trabajo, se ha reconocido que la falta de retribución en las últimas semanas del permiso parental afecta directamente a los ciudadanos. La ausencia de esta medida impide que muchas familias puedan disfrutar de un derecho que debería ayudarles a cuidar de sus hijos sin poner en riesgo su estabilidad financiera y laboral.

Posibles consecuencias económicas para España

En 2022, el Ministerio de Trabajo anticipó que, de no cumplir con la directiva, España podría enfrentarse a una multa inicial de al menos 7 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse si persiste el incumplimiento. Este expediente sancionador es solo el primer paso en el proceso legal, y aún está por verse si el caso será llevado ante el TJUE, que tiene la última palabra en cuanto a las sanciones económicas que podrían imponerse.

Reconocimiento judicial del derecho: Sentencias en favor de la conciliación

A pesar de la falta de transposición de la directiva europea, los tribunales en España han comenzado a aplicar sus principios en ciertos casos. Un ejemplo destacado es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a una empresa indemnizar a un trabajador con 20,000 euros por vulnerar su derecho al permiso parental.

En este caso, la empresa impuso restricciones al disfrute del permiso, exigiendo que el trabajador lo solicitara en periodos semanales, lo cual obstaculizó la flexibilidad que ampara el Estatuto de los Trabajadores. Esto derivó en que el permiso solicitado en agosto se extendiera hasta septiembre, afectando significativamente al trabajador.

Esta sentencia resalta la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, aun cuando la legislación nacional no haya adoptado plenamente las directrices europeas. En su fallo, el tribunal reconoció que la empresa violó el derecho fundamental a la no discriminación en el ejercicio de los derechos de conciliación, revocando una sentencia previa que favorecía a la empresa.

El caso del permiso parental no retribuido en España

La situación del permiso parental no retribuido en España pone de manifiesto una brecha entre las obligaciones europeas y su transposición a la legislación nacional. Mientras la Comisión Europea avanza con el expediente sancionador, el Gobierno español debe actuar de manera urgente para asegurar que la directiva se incorpore por completo a la normativa, protegiendo así los derechos de las familias y evitando sanciones que podrían impactar al país.

La adopción de esta medida no solo es una cuestión de cumplimiento normativo, sino que también responde a una necesidad social y laboral: garantizar que todos los trabajadores puedan cuidar de sus familias sin sacrificar su seguridad económica. Ante el proceso iniciado por Bruselas, se espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para ajustar la legislación, permitiendo que los progenitores y cuidadores en España puedan disfrutar plenamente de un derecho esencial para la conciliación de la vida familiar y laboral.

El cohecho es un delito que involucra a funcionarios públicos que, aprovechando su posición, buscan obtener beneficios personales o para terceros, actuando de manera paralela o en contradicción con sus deberes oficiales. En este artículo, te explicamos en detalle en qué consiste este delito, sus características y cómo está regulado en España.

¿En qué consiste el delito de cohecho?

El delito de cohecho se produce cuando una autoridad o funcionario público solicita o acepta dinero, regalos u otras compensaciones a cambio de realizar, omitir o retrasar acciones relacionadas con su cargo. En otras palabras, es una forma de corrupción en la que el funcionario obtiene beneficios indebidos para sí mismo o para otras personas mediante la violación de sus responsabilidades.

Este delito no solo afecta a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas (como empresas), especialmente desde la reforma del Código Penal en 2015. De esta manera, las personas jurídicas pueden ser sancionadas si se involucran en actividades de cohecho a través de sus representantes o administradores.

Naturaleza y regulación del cohecho

El cohecho es un delito doloso, lo que significa que se comete de manera intencionada, sin lugar a la imprudencia. Según el debate doctrinal, algunos consideran que es un delito bilateral, ya que involucra tanto a un funcionario público como a un particular. Sin embargo, la mayoría de los expertos lo califican como un delito unilateral, ya que basta con que cualquiera de las partes —ya sea el particular o el funcionario— lleve a cabo la conducta ilícita.

El cohecho está tipificado en el Código Penal español en los artículos 419 a 427, dentro del Capítulo V de los delitos contra la Administración Pública.

El artículo 419 del Código Penal establece las penas por cohecho de la siguiente manera:

«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.»

Bien jurídico protegido en el delito de cohecho

El bien jurídico protegido por el delito de cohecho es el correcto y normal funcionamiento de los servicios públicos y la integridad de la función pública. Los funcionarios deben cumplir con sus obligaciones sin que los intereses privados influyan en su desempeño. De esta forma, el cohecho pone en riesgo la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones y en quienes las representan.

Tipos de cohecho

El delito de cohecho se puede clasificar en dos grandes tipos: cohecho pasivo y cohecho activo. A continuación, describimos las principales diferencias entre ambos.

1. Cohecho pasivo

El cohecho pasivo ocurre cuando un funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar o no realizar una tarea relacionada con su cargo. Este tipo de cohecho está regulado en los artículos 419 a 423 del Código Penal y puede clasificarse a su vez en dos modalidades:

• Cohecho propio: En esta modalidad, el funcionario recibe una contraprestación a cambio de realizar un acto que infringe la ley o sus deberes como funcionario. Es decir, acepta el soborno para actuar de manera ilícita.
• Cohecho impropio: Aquí, el funcionario también acepta una dádiva, pero a cambio de realizar un acto que sí es lícito y parte de sus funciones, aunque este no debería ser retribuido. En este caso, el acto no es ilegal, pero la aceptación del soborno sí lo es.

2. Cohecho activo

El cohecho activo, regulado en los artículos 424 y 425 del Código Penal, se produce cuando un particular ofrece o entrega una dádiva a un funcionario público o autoridad, con la intención de influir en sus decisiones o actuaciones. En este tipo de cohecho, el particular es el que inicia el acto de corrupción al sobornar al funcionario para obtener un beneficio.

Exención de la pena en el delito de cohecho

El artículo 426 del Código Penal prevé una exención de la pena para aquellos particulares que hayan accedido a las solicitudes de cohecho formuladas por funcionarios, siempre que denuncien los hechos antes de que se inicie un procedimiento penal. Esta denuncia debe realizarse en un plazo de dos meses desde la comisión del delito. Si el particular actúa dentro de este plazo y antes de que se inicie la investigación, puede quedar exento de responsabilidad penal.

Conclusión

El delito de cohecho es una de las formas más graves de corrupción dentro del ámbito público, ya que atenta contra la imparcialidad y el buen funcionamiento de las instituciones. Tanto funcionarios como particulares pueden verse implicados en esta conducta ilícita, y las penas establecidas por el Código Penal español son severas para garantizar el respeto a la ley y la integridad de los servicios públicos. Además, desde la reforma del 2015, las personas jurídicas también pueden ser sancionadas, ampliando así la responsabilidad por estos actos.

Es fundamental que tanto los ciudadanos como los funcionarios sean conscientes de la gravedad de este delito y que denuncien cualquier situación que ponga en peligro la correcta gestión de los recursos públicos. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, y el cohecho no debe tener cabida en una sociedad que busca la justicia y la equidad.

Tanto si eres autónomo como si no, en España todos los agricultores están obligados a declarar sus ingresos agrícolas, incluyendo ventas, subvenciones, indemnizaciones y otros ingresos relacionados con su actividad. Sin embargo, ¿esto siempre es así? ¿En qué casos se aplica? A continuación, aclaramos tus dudas y te explicamos cómo hacerlo correctamente.

¿Cuándo debo declarar ingresos agrícolas sin ser autónomo?

En España, si obtienes ingresos por actividades agrícolas, es posible que tengas que declararlos aunque no estés registrado como autónomo. La obligación de declarar tus ingresos agrícolas en la declaración de la renta dependerá de varios factores, como la cuantía de los ingresos obtenidos y tu situación fiscal personal.

Por lo general, si tus ingresos superan un cierto umbral, que varía cada año según la normativa fiscal vigente, estarás obligado a presentar la declaración de la renta. Es importante mantenerse informado sobre los cambios en los umbrales establecidos por la Agencia Tributaria, ya que pueden afectar la necesidad de declarar.

Además, si has recibido subvenciones o ayudas públicas relacionadas con la actividad agrícola, como las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), también pueden estar sujetas a declaración.

¿Qué ingresos agrícolas deben ser declarados?

En términos generales, los agricultores deben declarar diversos tipos de ingresos relacionados con su actividad. Estos son los más comunes:

• Ventas de productos agrícolas: Incluyen los ingresos generados por la venta de cultivos como frutas, verduras, granos, flores, entre otros productos agrícolas.
• Ganadería: Ingresos por la venta de ganado, productos pecuarios como carne, leche, huevos, lana, etc.
• Subvenciones y ayudas gubernamentales: Los fondos recibidos a través de programas de apoyo a la agricultura deben ser incluidos en la declaración.
• Alquiler de tierras agrícolas: Los ingresos generados por el arrendamiento de tierras agrícolas a otros productores.
• Indemnizaciones: Cantidades recibidas por daños a cultivos o ganado a consecuencia de eventos climáticos, plagas o desastres naturales.
• Productos procesados: Ingresos obtenidos por la venta de productos agrícolas transformados, como conservas o jugos.
• Servicios agrícolas: Ingresos por ofrecer servicios agrícolas, como consultoría, formación o alquiler de maquinaria.

Es fundamental que los agricultores mantengan un registro detallado de todos los ingresos obtenidos, tanto para cumplir con sus obligaciones fiscales como para beneficiarse de posibles ayudas o subvenciones que exijan transparencia en la contabilidad.

Documentación necesaria para declarar ingresos agrícolas

A la hora de declarar tus ingresos agrícolas, necesitarás contar con varios documentos que respalden tu actividad y justifiquen los ingresos obtenidos. Entre los más comunes se encuentran:

• Facturas y recibos: Para acreditar las ventas de productos o servicios agrícolas.
• Registros contables: Donde se anoten todas las transacciones relacionadas con la actividad.
• Documentos de identificación: Certificados de propiedad o contratos de arrendamiento de las tierras, así como tu número de identificación fiscal.
• Declaraciones de impuestos: Los formularios requeridos por la Agencia Tributaria para presentar la declaración.
• Documentación de subsidios o ayudas: En caso de recibir subvenciones o indemnizaciones.
• Recibos de gastos: Que acrediten las inversiones realizadas en la actividad, como compra de maquinaria, fertilizantes, etc.

Formularios de Hacienda necesarios para declarar ingresos agrícolas

Si estás obligado a declarar tus ingresos agrícolas, deberás utilizar algunos formularios específicos que exige la Agencia Tributaria en España. Los más comunes son:

• Modelo 100: Para la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), donde deberás incluir tus ingresos por actividades agrícolas.
• Modelo 130: Si tributas bajo el régimen de estimación directa, este modelo es utilizado para la autoliquidación trimestral del IRPF.
• Modelo 131: Para aquellos agricultores que tributan bajo el régimen de estimación objetiva o por módulos.
• Modelo 036 o 037: Declaración censal para el alta, modificación o baja en el censo de empresarios o profesionales.
• Modelo 303: Para la declaración trimestral del IVA si tu actividad está sujeta a este impuesto.
• Modelo 320: En algunas regiones o para ciertos tipos de actividades agrícolas específicas, puede ser necesario declarar ingresos a través de este modelo.

La elección del modelo adecuado dependerá del régimen fiscal en el que te encuentres y de las normativas vigentes, por lo que es recomendable consultar a un asesor o gestor especializado.

Gastos deducibles para los agricultores

Una parte importante de la declaración de ingresos es la deducción de gastos relacionados con la actividad agrícola. Como agricultor, tienes derecho a deducir una serie de gastos, siempre que estén justificados y estén directamente vinculados a tu actividad. Entre los más comunes se incluyen:

• Coste de semillas, fertilizantes y productos químicos.
• Mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola.
• Salarios de empleados y mano de obra temporal.
• Alquiler de tierras o instalaciones.
• Gastos operativos: como electricidad, agua, o combustible.
• Costes de transporte de productos agrícolas.
• Publicidad y marketing: Gastos relacionados con la promoción de los productos.
• Servicios profesionales: Como el pago a gestores o consultores fiscales.

Es fundamental conservar todas las facturas y justificantes para poder deducir estos gastos en la declaración y, de este modo, reducir la base imponible sobre la que se aplicarán los impuestos.

Conclusión

Declarar ingresos agrícolas en España, tanto si eres autónomo como si no, es una obligación fiscal importante que todo agricultor debe conocer y cumplir. Si tus ingresos agrícolas superan los umbrales establecidos, deberás incluirlos en tu declaración de la renta y utilizar los formularios correspondientes. Además, llevar un registro adecuado de los ingresos y gastos relacionados con tu actividad te permitirá optimizar tu situación fiscal, accediendo a deducciones y minimizando el impacto de los impuestos sobre tu negocio agrícola.

En cualquier caso, es recomendable contar con el asesoramiento de un gestor o experto fiscal para asegurarte de cumplir con todas las normativas vigentes y aprovechar al máximo las oportunidades fiscales que la ley pone a tu disposición.

El equilibrio entre la vida personal y profesional es un aspecto fundamental para los trabajadores en España, y los permisos laborales retribuidos son un derecho clave que garantiza ese equilibrio. Estos permisos, regulados por el Estatuto de los Trabajadores y otras normativas laborales específicas, permiten a los empleados ausentarse de su puesto de trabajo sin que su salario se vea afectado. En este artículo, te explicamos los principales permisos retribuidos que podrán disfrutar los trabajadores en 2024, según la legislación vigente en España.

¿Qué Son los Permisos Retribuidos?

Los permisos retribuidos son periodos de tiempo durante los cuales el trabajador puede ausentarse del trabajo por motivos personales o familiares sin que se reduzca su salario. Estos permisos están regulados por ley, por lo que las empresas están obligadas a concederlos cuando se cumplen los requisitos necesarios.

Tipos de Permisos Retribuidos en España para 2024

En 2024, los trabajadores podrán seguir beneficiándose de una serie de permisos retribuidos, tanto los contemplados en la normativa general como aquellos que puedan estar incluidos en los convenios colectivos específicos de cada sector o empresa. A continuación, detallamos los principales permisos retribuidos.

1. Permiso por Matrimonio

El trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de 15 días naturales en caso de matrimonio. Este permiso comienza a contar a partir del día siguiente al enlace y es válido tanto para bodas civiles como religiosas.

2. Permiso por Nacimiento de Hijo o Hija

Con la nueva normativa, en lugar del tradicional «permiso de paternidad», los padres cuentan con un permiso de corresponsabilidad parental de 16 semanas, que es equiparable para ambos progenitores y totalmente retribuido. Este permiso es intransferible y puede dividirse en dos periodos, lo que permite mayor flexibilidad para los padres.

3. Permiso por Fallecimiento o Enfermedad Grave de un Familiar

Si fallece un familiar cercano (cónyuge, hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos), el trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de 2 días naturales. Este permiso puede ampliarse a 4 días si el fallecimiento ocurre fuera de la provincia de residencia del trabajador.

En el caso de que un familiar de primer grado (padres, hijos, pareja) esté gravemente enfermo o sea hospitalizado, el trabajador también tiene derecho a este mismo permiso de 2 o 4 días, según el lugar de residencia.

4. Permiso por Mudanza

Si el trabajador necesita mudarse de domicilio, tiene derecho a un día de permiso retribuido para realizar el traslado. Este permiso no está condicionado a la distancia del nuevo domicilio.

5. Permiso por Exámenes Oficiales

El trabajador que curse estudios académicos tendrá derecho a un permiso retribuido para la realización de exámenes oficiales. Este permiso puede ser aprovechado para asistir a exámenes en universidades, oposiciones o cualquier otro examen que tenga carácter oficial.

6. Permiso para Cumplimiento de Deber Inexcusable

Los trabajadores tienen derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. Este permiso abarca situaciones como el ejercicio de funciones electorales (como ser miembro de una mesa electoral) o asistir como testigo en un juicio. La duración de este permiso dependerá del tiempo necesario para cumplir con dicho deber.

7. Permiso para Asistencia a Consultas Médicas

El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo para acudir a citas médicas tanto propias como de familiares a su cargo. Aunque este permiso no está específicamente regulado en el Estatuto de los Trabajadores, suele estar recogido en muchos convenios colectivos y es habitual que se considere retribuido.

8. Permiso por Lactancia

En el caso de nacimiento, adopción o acogida de un menor, los trabajadores tienen derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo hasta que el hijo cumpla nueve meses. Este permiso puede repartirse en fracciones o acumularse en jornadas completas. Además, este permiso puede ser compartido por ambos progenitores.

9. Permiso por Cambio de Residencia por Violencia de Género

Las trabajadoras víctimas de violencia de género tienen derecho a ausentarse de su trabajo sin pérdida de salario durante el tiempo necesario para garantizar su seguridad. Pueden solicitar cambios de horario, movilidad geográfica o reestructuraciones temporales de su jornada laboral.

10. Permiso por Deberes Relacionados con la Conciliación Familiar

Existen permisos retribuidos relacionados con la conciliación familiar que, aunque no están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, pueden estar contemplados en los convenios colectivos. Estos permisos pueden incluir asistencia a reuniones escolares, citas médicas de hijos menores o actividades relacionadas con el bienestar de los hijos.

Permisos No Retribuidos

Aunque no se centran en la retribución, es importante tener en cuenta que la ley también contempla ciertos permisos no retribuidos para situaciones específicas. En estos casos, el trabajador tiene derecho a ausentarse de su puesto de trabajo, pero no recibirá su salario durante dicho periodo. Un ejemplo de esto es el permiso por cuidado de hijos o familiares enfermos, que puede durar hasta dos años.

Ampliaciones de Permisos en los Convenios Colectivos

Es relevante destacar que, aunque el Estatuto de los Trabajadores establece una serie de permisos retribuidos, muchos convenios colectivos sectoriales o de empresa mejoran las condiciones. Por ejemplo, pueden ampliar los días de permiso por fallecimiento de familiares o establecer permisos retribuidos adicionales para situaciones como hospitalizaciones de larga duración o intervenciones quirúrgicas.

Por esta razón, es fundamental que los trabajadores consulten su convenio colectivo específico para conocer los permisos adicionales que puedan tener derecho a solicitar.

Cómo Solicitar un Permiso Retribuido

Solicitar un permiso retribuido es un proceso sencillo, pero es importante seguir ciertos pasos para evitar malentendidos con la empresa:

1. Aviso Previo: El trabajador debe comunicar la solicitud del permiso con la mayor antelación posible, especialmente en casos que son previsibles, como mudanzas o bodas.
2. Documentación: En algunos casos, la empresa puede requerir la presentación de documentación que acredite la necesidad del permiso, como un certificado médico, el acta de defunción de un familiar o una citación judicial.
3. Acuerdo con la Empresa: Aunque los permisos retribuidos son un derecho del trabajador, es recomendable acordar las condiciones de la ausencia con el empleador, especialmente si se trata de permisos que pueden generar dudas en cuanto a su duración o motivo.

Conclusión

Los permisos laborales retribuidos en 2024 continúan siendo una herramienta esencial para la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores en España. Es fundamental que tanto los empleados como los empleadores conozcan los derechos y obligaciones asociados a estos permisos para evitar conflictos y asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. Además, consultar los convenios colectivos específicos de cada sector o empresa puede proporcionar mejoras adicionales en cuanto a los permisos retribuidos que los trabajadores pueden disfrutar.

En resumen, en 2024, los permisos retribuidos seguirán siendo una garantía para que los trabajadores puedan cumplir con responsabilidades personales y familiares sin que su salario se vea afectado. ¡No olvides revisar la normativa vigente y tu convenio colectivo para conocer al detalle tus derechos!

En España, el sistema de protección social ofrece a los trabajadores desempleados una ayuda económica mientras buscan un nuevo empleo: el subsidio por desempleo, conocido comúnmente como el paro. Sin embargo, muchos ciudadanos no saben que existe una opción para convertir este derecho en una oportunidad para emprender. Estamos hablando de la capitalización del paro o pago único.

Si estás pensando en iniciar tu propio negocio y te preguntas si puedes usar tu prestación por desempleo como capital para arrancar, te explicamos en detalle en qué consiste este mecanismo, cuáles son los requisitos y cómo solicitarlo.

¿Qué es la Capitalización del Paro?

La capitalización del paro, también conocida como pago único o cobro anticipado del paro, es un derecho que permite a los trabajadores desempleados percibir de una sola vez la prestación por desempleo que les corresponde, en lugar de recibirla mensualmente, con el fin de invertirla en el inicio de un proyecto de autoempleo.

Este mecanismo fue diseñado para fomentar el emprendimiento, ofreciendo a los desempleados la oportunidad de utilizar su prestación para iniciar un negocio, ya sea como trabajador autónomo, como parte de una cooperativa o sociedad laboral, o incluso para invertir en una sociedad ya existente.

¿Quién puede beneficiarse de la Capitalización del Paro?

No todos los desempleados pueden optar por esta modalidad. Existen ciertos requisitos que se deben cumplir para beneficiarse de la capitalización del paro:

1. Estar desempleado: Para solicitar el pago único, es necesario estar cobrando una prestación contributiva por desempleo.
2. Tener pendiente al menos 3 meses de paro: El solicitante debe tener pendiente de percibir al menos tres mensualidades de la prestación por desempleo.
3. No haber iniciado la actividad: No se puede haber comenzado la actividad empresarial antes de solicitar la capitalización del paro. La solicitud debe realizarse antes de haberse dado de alta como autónomo o haber iniciado el negocio.
4. No haber disfrutado de la capitalización en los 4 años anteriores: El solicitante no puede haber recibido el pago único en los cuatro años anteriores a la nueva solicitud.
5. En caso de extranjeros no comunitarios: Los ciudadanos extracomunitarios deben contar con el permiso de residencia y trabajo en España.

¿Cómo se puede utilizar la Capitalización del Paro?

Dependiendo del tipo de proyecto que quieras emprender, la capitalización del paro puede utilizarse de diferentes maneras:

1. Para establecerse como autónomo: La capitalización se puede destinar a la inversión inicial necesaria para poner en marcha un negocio como trabajador por cuenta propia. En este caso, el pago único puede cubrir los gastos iniciales como la compra de equipos, material, alquiler de locales, etc.
2. Para entrar como socio en una cooperativa o sociedad laboral: También puedes capitalizar tu paro para integrarte en una cooperativa de trabajo asociado o en una sociedad laboral, y así formar parte de la estructura empresarial desde el principio.
3. Para pagar las cuotas de la Seguridad Social: Si no deseas recibir todo el pago único en forma de capital para la inversión inicial, puedes optar por destinar parte del mismo (o incluso todo) al pago de las cuotas mensuales de la Seguridad Social como autónomo.
   • Pago único para inversión inicial: El 100% del importe se puede destinar a financiar el inicio de la actividad.
   • Pago único y cuotas de Seguridad Social: Puedes destinar parte a la inversión y otra parte para cubrir las cuotas mensuales de la Seguridad Social durante el tiempo que permanezcas como autónomo.

Documentación Necesaria para Solicitar la Capitalización del Paro

Para solicitar el pago único, es importante que prepares la documentación adecuada y la entregues en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La solicitud debe realizarse antes de iniciar la actividad y, dependiendo de la forma en que utilices el capital, la documentación puede variar. A continuación, te detallo los documentos generales que se suelen pedir:

1. Solicitud de pago único: Debes presentar el modelo oficial del SEPE para la solicitud del pago único. Este modelo lo puedes descargar directamente desde la web del SEPE.
2. Proyecto de negocio: Dependiendo del tipo de actividad que vayas a realizar, será necesario presentar un plan de negocio o un proyecto detallado. En este se deberá especificar en qué se va a invertir el dinero del pago único.
3. Alta en la Seguridad Social: Una vez aprobada la capitalización, deberás presentar el alta en la Seguridad Social como autónomo o como miembro de la cooperativa o sociedad laboral.
4. Documentación adicional: Si planeas integrarte en una cooperativa o sociedad laboral, también deberás presentar la documentación que acredite tu incorporación a la entidad y las condiciones de entrada.

¿Cómo se Solicita la Capitalización del Paro?

El proceso para solicitar la capitalización del paro es sencillo, pero requiere cierta planificación y cumplir con los tiempos estipulados. A continuación, te detallamos los pasos a seguir para presentar la solicitud:

1. Recoger la documentación: Prepara todos los documentos necesarios, incluyendo el plan de negocio y la solicitud del pago único.
2. Presentar la solicitud: La solicitud del pago único se puede presentar a través de la web del SEPE si cuentas con certificado digital o clave de acceso, o de manera presencial en las oficinas del SEPE (previa cita). También puedes enviarla por correo administrativo.
3. Esperar la resolución: El SEPE tiene un plazo de 15 días para resolver la solicitud y, en caso de ser aprobada, el pago se realizará de manera inmediata en la cuenta bancaria que hayas indicado.
4. Inicio de la actividad: Una vez recibido el pago, debes iniciar la actividad en el plazo de un mes. Es importante que te des de alta en la Seguridad Social como autónomo o en la cooperativa/sociedad laboral correspondiente.

Ventajas y Riesgos de la Capitalización del Paro

La capitalización del paro es una herramienta muy útil para los desempleados que desean emprender, ya que permite disponer de una inyección de capital desde el inicio del proyecto. Entre sus ventajas destacan:

• Acceso rápido a financiación: Permite utilizar un dinero que ya te corresponde por derecho como capital para el proyecto.
• Apoyo para emprendedores: Es una excelente opción para quienes desean crear su propio negocio y necesitan un respaldo económico para los primeros pasos.
• Flexibilidad en su uso: Puedes utilizar el dinero para diferentes aspectos de tu actividad, como inversión inicial o pago de cuotas de la Seguridad Social.

No obstante, también existen algunos riesgos que debes considerar:

• Riesgo de fracaso del negocio: Como cualquier emprendimiento, existe el riesgo de que el negocio no tenga éxito. En este caso, habrás consumido el derecho a la prestación por desempleo.
• Condiciones estrictas: Es fundamental cumplir con todos los requisitos y tiempos establecidos por el SEPE, ya que cualquier error podría resultar en la pérdida del derecho al pago único.

Conclusión

La capitalización del paro es una gran oportunidad para aquellos desempleados que desean emprender en España. Al permitir el uso anticipado de la prestación por desempleo para la creación de un negocio, el sistema de pago único brinda una solución de financiación para quienes buscan convertirse en autónomos o formar parte de una cooperativa.

Sin embargo, es crucial estar bien informado sobre los requisitos y el procedimiento, y contar con un plan de negocio sólido antes de dar el paso. Si estás pensando en emprender y tienes derecho a la prestación por desempleo, la capitalización del paro podría ser la clave para iniciar tu nuevo proyecto empresarial.

Constituir una sociedad en España es un proceso relativamente sencillo, pero cuando uno o varios de los socios son extranjeros, es importante tener en cuenta una serie de requisitos específicos para garantizar que el proceso se realice de manera correcta. A continuación, te detallo los principales requisitos y pasos a seguir para la constitución de una sociedad con socios extranjeros en España.

Tipos de Sociedad en España

En primer lugar, es esencial conocer los tipos de sociedades más comunes en España, ya que los requisitos varían en función de la forma jurídica elegida. Las dos formas más comunes son:

1. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.): Es la forma más utilizada por pequeños y medianos empresarios. La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.
2. Sociedad Anónima (S.A.): Está destinada a grandes empresas y requiere un mayor capital mínimo que la S.L. Los accionistas son responsables solo por el capital aportado.

Requisitos Generales para Constituir una Sociedad

Independientemente de si los socios son extranjeros o nacionales, los requisitos básicos para constituir una sociedad en España son los siguientes:

1. Certificación del Nombre de la Sociedad: Se debe solicitar en el Registro Mercantil Central la certificación negativa del nombre de la sociedad, para asegurarse de que el nombre elegido no esté ya registrado.
2. Capital Social:
   • Para una S.L., se requiere un capital social mínimo de 3.000 euros.
   • Para una S.A., el capital social mínimo es de 60.000 euros, de los cuales al menos el 25% debe estar desembolsado en el momento de la constitución.
3. Estatutos Sociales: Se deben redactar los estatutos que regirán el funcionamiento de la sociedad, especificando el objeto social, la forma de administración y los derechos y obligaciones de los socios.
4. Apertura de una Cuenta Bancaria: Es necesario abrir una cuenta bancaria en España y depositar el capital social, obteniendo un certificado bancario que acredite dicho depósito.
5. Firma de la Escritura Pública de Constitución: Una vez que el nombre de la sociedad ha sido aprobado y el capital depositado, los socios deben firmar la escritura pública de constitución ante un notario.
6. Inscripción en el Registro Mercantil: La sociedad debe ser inscrita en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Solo entonces la sociedad adquirirá personalidad jurídica.

Requisitos Específicos para Socios Extranjeros

Cuando alguno de los socios es extranjero, existen algunos pasos adicionales que se deben seguir:

1. Número de Identificación de Extranjero (NIE)

Cualquier persona extranjera que quiera participar en la constitución de una sociedad en España debe obtener un NIE (Número de Identificación de Extranjero). Este número es necesario para poder realizar cualquier trámite fiscal o administrativo en España.

El NIE se puede obtener en:

• Las comisarías de policía en España, si el socio ya se encuentra en el país.
• Consulados españoles en el extranjero, si el socio aún no reside en España.

Documentación necesaria para obtener el NIE:

• Solicitud (modelo EX-15).
• Pasaporte o documento de identidad en vigor.
• Justificación de los motivos por los que se solicita el NIE (en este caso, para la constitución de una sociedad).

2. Residencia en España

Los socios extranjeros no residentes en España pueden constituir una sociedad sin necesidad de ser residentes fiscales, aunque deberán cumplir con las leyes fiscales del país en función de su participación en la sociedad.

3. Inversiones Extranjeras

En principio, no existen restricciones para que ciudadanos de otros países inviertan en España, ya sea mediante la constitución de una sociedad o la compra de participaciones en una empresa existente. Sin embargo, si el capital proviene de un país no perteneciente a la Unión Europea, en algunos sectores estratégicos podría requerirse una autorización previa del Gobierno, como en los sectores de defensa, telecomunicaciones o energía.

4. Documento de Identidad o Pasaporte

Además del NIE, los socios extranjeros deben presentar su pasaporte o documento de identidad en vigor en el momento de firmar la escritura pública ante notario.

5. Apoderado Residente

En caso de que todos los socios sean extranjeros y no residan en España, es recomendable nombrar a un apoderado residente en España que se encargue de las gestiones diarias y legales de la empresa. Esto facilitará las comunicaciones con las autoridades fiscales y administrativas.

6. Obligaciones Fiscales y Tributarias

Una vez constituida la sociedad, es necesario darla de alta en la Agencia Tributaria y solicitar un NIF (Número de Identificación Fiscal) para la sociedad. Además, los socios extranjeros deberán tener en cuenta las obligaciones fiscales derivadas de su participación en la sociedad, tanto en España como en su país de residencia.

Procedimiento Paso a Paso para la Constitución de una Sociedad con Socios Extranjeros

A continuación, se presenta un resumen de los pasos a seguir para constituir una sociedad con socios extranjeros en España:

1. Obtención del NIE: Los socios extranjeros deben obtener su NIE en la comisaría de policía o en el consulado español correspondiente.
2. Certificación del nombre de la sociedad: Se solicita la certificación negativa de denominación social en el Registro Mercantil.
3. Depósito del capital social: Se abre una cuenta bancaria en España y se deposita el capital social.
4. Redacción de los estatutos: Se redactan los estatutos sociales, especificando el objeto social, los órganos de administración y las normas de funcionamiento de la sociedad.
5. Firma de la escritura pública: Todos los socios (o sus representantes legales) deben firmar la escritura pública de constitución ante un notario.
6. Inscripción en el Registro Mercantil: La sociedad debe ser inscrita en el Registro Mercantil de la provincia correspondiente.
7. Alta fiscal: La sociedad debe darse de alta en la Agencia Tributaria y solicitar el NIF.

Conclusión

Constituir una sociedad en España con socios extranjeros es un proceso relativamente sencillo, siempre que se sigan los pasos establecidos y se cumplan los requisitos legales. Obtener el NIE es uno de los pasos más importantes para los socios extranjeros, así como cumplir con las normativas fiscales y de inversión. En general, España es un país receptivo a la inversión extranjera, lo que facilita la creación de nuevas sociedades y la participación de socios internacionales en proyectos