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En la compraventa de viviendas sin valor de referencia catastral, el margen de decisión del contribuyente es mayor. Precisamente por eso, el error puede ser irreversible. Cuando no existe valor de referencia, muchos compradores optan por declarar un importe superior al precio escriturado pensando en evitar futuras comprobaciones. La Dirección General de Tributos acaba de aclarar que esa elección no siempre permite marcha atrás.

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En determinadas transmisiones de vivienda de segunda mano, el inmueble carece de valor de referencia catastral. En estos casos, el contribuyente debe determinar la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) atendiendo a las reglas generales previstas en la Ley del ITP y AJD.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha vuelto a pronunciarse sobre esta situación en la consulta vinculante V1523-25, de 21 de agosto de 2025, fijando criterios relevantes sobre el valor a declarar y sus consecuencias posteriores.

• Atención. La inexistencia de valor de referencia no elimina el riesgo fiscal, solo lo traslada al momento de declarar.

Qué valores pueden tomarse como base imponible

Cuando no existe valor de referencia o este no puede certificarse, la norma establece que la base imponible será la mayor de las siguientes magnitudes:

• El valor declarado por los interesados.
• El precio o contraprestación pactada en la escritura.
• El valor de mercado del inmueble.

Este esquema obliga a comparar las tres cifras y tributar por la más elevada, sin que el contribuyente pueda escoger libremente la que más le convenga.

Declarar un valor superior al precio escriturado desplaza automáticamente la base imponible hacia arriba.

El caso analizado por la DGT

La consulta resuelta por la DGT parte de una compraventa de vivienda entre particulares, sin valor de referencia, en la que el adquirente decide declarar un valor superior al precio pactado, concretamente el valor obtenido en la tasación realizada para la concesión del préstamo hipotecario.

La duda planteada es clara: una vez presentada la autoliquidación, ¿puede rectificarse si se considera que el valor declarado fue excesivo?

La respuesta de la DGT es tajante. La Administración no entra a valorar si la tasación era razonable o no: se limita a analizar el efecto del valor declarado.

La DGT concluye que, en ausencia de valor de referencia, si el valor declarado voluntariamente es superior al precio y al valor de mercado, ese valor se convierte en la base imponible del impuesto.

Y añade un matiz clave: ese valor declarado no es susceptible de rectificación posterior, precisamente por haber sido fijado de forma voluntaria por el propio contribuyente.

No se trata de un error material ni de una comprobación administrativa, sino de una elección consciente al presentar la autoliquidación.

Diferencia entre comprobación administrativa y decisión del contribuyente

Conviene no confundir escenarios. Si la Administración comprobara un valor y lo elevara, existiría margen de impugnación. Sin embargo, cuando el valor superior procede de la propia declaración del contribuyente, no hay acto administrativo que corregir.

La DGT deja claro que el valor declarado opera como un límite autoimpuesto, que vincula al contribuyente en su propia autoliquidación.

• Atención. La rectificación de autoliquidaciones no ampara cambios de criterio ni decisiones estratégicas mal calculadas.

Consecuencias prácticas en la planificación de la compra

Este criterio obliga a extremar la prudencia en operaciones sin valor de referencia, especialmente cuando se maneja una tasación bancaria superior al precio real de compra.

Antes de declarar un valor más alto, conviene analizar si existe un verdadero riesgo de comprobación por parte de la Administración y si ese "exceso de prudencia" puede acabar generando un coste fiscal innecesario e irreversible.

• Atención. La tasación hipotecaria sirve al banco, no determina automáticamente el valor fiscal.

Recomendación

En adquisiciones inmobiliarias sin valor de referencia catastral, la elección del valor a declarar en el ITP debe hacerse con criterio técnico y no por simple cautela. Una decisión aparentemente conservadora puede convertirse en definitiva, incluso cuando no era necesaria.

Analizar el valor de mercado real, la práctica comprobadora de la comunidad autónoma y el contexto concreto de la operación es esencial antes de presentar la autoliquidación.

En el ITP, cuando no hay valor de referencia, la responsabilidad del dato declarado recae íntegramente en quien autoliquida.

Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, sobre limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2026.

(BOE, 22-01-2026)

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Mediante el Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, se procede al desarrollo reglamentario de las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social para el ejercicio 2026.

La norma entra en vigor el mismo día de su publicación y despliega efectos económicos desde el 1 de enero de 2026, regulando de forma sistemática la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas, la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, así como la actualización de diversas prestaciones sociales públicas.

Cuantías de pensiones y prestaciones públicas para 2026

Límite de la cuantía inicial de las pensiones públicas

El importe inicial de las pensiones públicas causadas durante el año 2026 queda sometido a un límite máximo, que no podrá superar:

• 3.359,60 euros mensuales, o
• 47.034,40 euros anuales, incluidas las pagas extraordinarias que correspondan al titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2025.

Este límite se aplica al conjunto de pensiones públicas concurrentes, con las especialidades previstas para los supuestos de gran incapacidad y pensiones reconocidas en virtud de normas internacionales.

Cuantías mínimas de las pensiones contributivas en 2026

Pensiones de jubilación (euros/año)

Titular con 65 años

• Con cónyuge a cargo: 17.592,40 €
• Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): 13.106,80 €
• Con cónyuge no a cargo: 12.441,80 €

Titular menor de 65 años

• Con cónyuge a cargo: 17.592,40 €
• Sin cónyuge: 12.262,60 €
• Con cónyuge no a cargo: 11.590,60 €

Titular con 65 años procedente de gran incapacidad

• Con cónyuge a cargo: 26.385,80 €
• Sin cónyuge: 19.660,20 €
• Con cónyuge no a cargo: 18.662,00 €

Pensiones de incapacidad permanente (euros/año)

Gran incapacidad

• Con cónyuge a cargo: 26.385,80 €
• Sin cónyuge: 19.660,20 €
• Con cónyuge no a cargo: 18.662,00 €

Incapacidad permanente absoluta

• Con cónyuge a cargo: 17.592,40 €
• Sin cónyuge: 13.106,80 €
• Con cónyuge no a cargo: 12.441,80 €

Incapacidad permanente total

• Titular con 65 años: mismas cuantías que jubilación
• Titular entre 60 y 64 años:
  • Con cónyuge a cargo: 17.592,40 €
  • Sin cónyuge: 12.262,60 €
  • Con cónyuge no a cargo: 11.590,60 €

Total derivada de enfermedad común, menor de 60 años

• Con cónyuge a cargo o sin cónyuge: 9.662,80 €
• Con cónyuge no a cargo: 9.580,20 €

Pensiones de viudedad (euros/año)

• Titular con cargas familiares: 17.592,40 €
• Titular con 65 años o discapacidad ≥ 65 %: 13.106,80 €
• Titular entre 60 y 64 años: 12.262,60 €
• Titular menor de 60 años: 9.931,60 €

Pensiones de orfandad y en favor de familiares

Orfandad por beneficiario: 4.011,00 €

Orfandad de menor de 18 años con discapacidad ≥ 65 %: 7.882,00 €

En orfandad absoluta: incremento de 9.931,60 € anuales, distribuido entre beneficiarios.

Prestación de orfandad

• Un beneficiario: 11.603,20 €
• Varios beneficiarios (a repartir): 19.559,68 €

En favor de familiares

• Por beneficiario: 4.011,00 €
• Sin viudo ni huérfano pensionistas:
  • Un beneficiario ≥ 65 años: 9.683,80 €
  • Un beneficiario < 65 años: 9.126,60 €
  • Varios beneficiarios: incremento conjunto de 5.920,60 € anuales, prorrateado.

Límites de ingresos para el reconocimiento de mínimos

• Sin cónyuge a cargo: 9.442,00 € anuales
• Con cónyuge a cargo: 11.013,00 € anuales

El cumplimiento de estos límites se verifica anualmente y condiciona el mantenimiento del complemento por mínimos.

Revalorización de pensiones y prestaciones públicas

En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, la revalorización de pensiones y prestaciones públicas se rige por los artículos 5 y siguientes del Real Decreto 39/2026, aplicándose una revalorización general del 2,7 % a las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas causadas con anterioridad al 1 de enero de 2026, con las exclusiones legalmente previstas.

Complemento para la reducción de la brecha de género

Con efectos de 1 de enero de 2026, la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género queda fijada en:

• 36,90 euros mensuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2025.

Este complemento tiene naturaleza fija y es independiente de la revalorización porcentual general.

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)

• Pensiones no concurrentes: 8.394,40 € anuales.
• En supuestos de concurrencia con pensiones de viudedad u otras pensiones públicas: 8.149,40 € anuales, sin perjuicio del límite establecido en la disposición transitoria segunda de la LGSS.

Cuando se supere dicho límite, la cuantía se reducirá en el importe necesario para no excederlo.

Pensiones no contributivas

Para el año 2026:

• Pensión anual de jubilación o incapacidad no contributiva: 8.803,20 €.

Complemento por alquiler de vivienda

• Cuantía anual: 525,00 €.
• Requisitos: ausencia de vivienda en propiedad, contrato de alquiler como residencia habitual y ausencia de parentesco hasta tercer grado con la persona arrendadora.

En unidades familiares con varios perceptores, solo puede percibir el complemento la persona titular del contrato de arrendamiento.

Prestaciones familiares de la Seguridad Social

Asignaciones económicas por hijo o hija a cargo

• Menor de 18 años o acogido con discapacidad ≥ 33 %: 1.000,00 € anuales.
• Mayor de 18 años con discapacidad ≥ 65 %: 5.962,80 € anuales.
• Mayor de 18 años con discapacidad ≥ 75 % y necesidad de tercera persona: 8.942,40 € anuales.

Prestación por nacimiento o adopción

• Cuantía: 1.000,00 €.
• Límites de ingresos:
  • General: 15.356,00 €.
  • Familias numerosas: 23.109,00 €, incrementados en 3.745,00 € por cada hijo a partir del cuarto.

Pensiones no revalorizables en 2026

No se revalorizan:

1. Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a Camineros del Estado causadas antes del 1 de enero de 1985, salvo cuando sea la única pensión percibida.
2. Las pensiones de mutualidades integradas en el Fondo Especial de MUFACE que, a 31 de diciembre de 2025, ya hubieran alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.

Desde enero de 2026, registrar un convenio colectivo exige algo más que marcar casillas conocidas: ahora también hay que explicar, negro sobre blanco, cómo se gobierna el trabajo en entornos digitales. Sin modificar derechos ni imponer nuevas obligaciones, el Ministerio de Trabajo ha cambiado la forma de mirar la negociación colectiva, y eso se nota desde el primer formulario. Le ayudamos a descubrirlo…

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Desde el 15 de enero de 2026, toda solicitud de inscripción de convenios y acuerdos colectivos que se presente en REGCON debe cumplimentar las nuevas hojas estadísticas del anexo 2 del Real Decreto 713/2010, tal y como han sido revisadas por la Orden TES/1573/2025.

No se trata de una recomendación ni de un cambio progresivo: los nuevos formularios son obligatorios y sustituyen definitivamente a los anteriores. Afectan tanto a convenios de empresa como de sector y alcanzan también a acuerdos colectivos que, hasta ahora, se registraban con menor nivel de detalle.

El cambio no altera el contenido del convenio, pero sí obliga a declarar con mayor precisión qué materias se regulan realmente, especialmente en ámbitos que hasta hace poco quedaban difuminados o directamente fuera del radar estadístico.

• Atención. Si el convenio se firma antes del 15 de enero pero se presenta después, no hay excepción: deberá adaptarse a los nuevos modelos.

UN AJUSTE TÉCNICO QUE TIENE EFECTOS PRÁCTICOS

El Ministerio de Trabajo insiste en que estamos ante un ajuste técnico, pensado para actualizar la información estadística y mejorar el seguimiento de la negociación colectiva. Y es cierto: no se crean nuevos derechos ni se imponen obligaciones adicionales por esta vía.

Ahora bien, que el cambio sea técnico no significa que sea neutro. El nuevo diseño de las hojas estadísticas obliga a posicionarse: hay que decir si el convenio regula, o no regula, determinadas materias sensibles, y hacerlo de forma expresa.

Esto implica que aspectos que antes podían pasar desapercibidos ahora quedan reflejados, comparados y analizados dentro de un marco estatal y tripartito.

• Atención. Una declaración incorrecta o poco meditada en REGCON puede generar incoherencias futuras entre el texto del convenio y la información oficial registrada.

ALGORITMOS, IA Y CONTROL DIGITAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Uno de los cambios más relevantes -y menos comentados- es la incorporación de un bloque específico dedicado a digitalización, nuevas tecnologías y sistemas automatizados.

Las nuevas hojas estadísticas preguntan, de forma directa, si el convenio regula cuestiones como:

• Trabajo a distancia o teletrabajo.
• Compensación de gastos y dotación de medios tecnológicos.
• Derecho a la desconexión digital.
• Uso de algoritmos, inteligencia artificial, big data o sistemas de automatización.
• Participación de la representación legal de las personas trabajadoras en la implantación o supervisión de estos sistemas.

No se trata de una pregunta decorativa. El objetivo es identificar hasta qué punto los convenios están abordando decisiones automatizadas que afectan a la organización del trabajo, la evaluación del desempeño, la asignación de tareas o incluso los horarios.

• Atención. Si el convenio guarda silencio sobre estos aspectos, el REGCON lo reflejará como tal, lo que puede tener lectura externa en inspecciones, análisis sectoriales o futuras reformas.

TIEMPO DE TRABAJO, TELETRABAJO Y DESCONEXIÓN BAJO LA LUPA

La orden también refuerza la información exigida sobre tiempo de trabajo, incorporando mayor detalle en materias como:

• Registro de jornada.
• Distribución irregular del tiempo de trabajo.
• Trabajo nocturno y descansos.
• Jornadas especiales.

En paralelo, se sistematiza la información relativa al teletrabajo, preguntando de manera clara si existen reglas sobre compensación de gastos, provisión de equipos, medios técnicos y organización del trabajo a distancia.

No se exige que el convenio regule estas materias, pero sí que se declare si lo hace o no, evitando zonas grises.

Cuando el texto del convenio y la realidad de la empresa no coinciden, la hoja estadística puede convertirse en un punto de fricción.

IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y DIVERSIDAD CON MAYOR PRECISIÓN

Las nuevas hojas estadísticas también afinan el foco en materia de igualdad y no discriminación. Se pide información detallada sobre medidas relativas a:

• Procesos de selección y contratación.
• Formación y promoción profesional.
• Conciliación corresponsable.
• Igualdad retributiva.
• Protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo.

Además, se incorporan de forma expresa referencias a:

• Medidas y protocolos LGTBI.
• Protección de las víctimas de violencia de género.

El objetivo es obtener una imagen más realista del contenido efectivo de los convenios y no solo de sus declaraciones genéricas.

No basta con mencionar principios generales: el REGCON distingue entre la existencia real de medidas y la simple ausencia de regulación concreta.

APLICACIÓN INMEDIATA

La entrada en vigor de la Orden TES/1573/2025 es clara y directa: 15 de enero de 2026. Desde ese momento, cualquier presentación en REGCON debe adaptarse a los nuevos modelos, sin importar cuándo se firmó el convenio.

Esto afecta tanto a convenios nuevos como a acuerdos renegociados, revisiones salariales o registros que se hayan demorado en el tiempo.

• Atención. Retrasar el registro para "ganar tiempo" puede jugar en contra: el modelo aplicable es el vigente en la fecha de presentación, no en la de firma.

La Orden TES/1573/2025 no cambia las reglas del juego, pero sí ilumina el tablero. Obliga a mostrar qué se está negociando realmente en materia de digitalización, algoritmos e inteligencia artificial, y qué no. Ese retrato estadístico servirá como base para el seguimiento de la negociación colectiva y, previsiblemente, para orientar futuras decisiones normativas en un contexto de automatización creciente.

Por eso, más allá del trámite, conviene revisar los convenios con una mirada estratégica: no solo pensando en lo que dicen, sino también en lo que declaran que dicen.

Registrar un convenio ya no es solo cumplir un requisito formal: es dejar constancia oficial de cómo se gobierna el trabajo en la empresa o en el sector.

Pueden ponerse en contacto con Rodríguez y asociados para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Durante años, muchos contribuyentes perdieron una deducción que en realidad les correspondía. Ahora el criterio ha cambiado. Vender la vivienda habitual y cancelar la hipoteca ya no implica, automáticamente, renunciar a la deducción en el IRPF. Lo que hasta hace poco Hacienda rechazaba, hoy tiene respaldo claro del TEAC.

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Durante mucho tiempo, la respuesta de la Administración fue tajante: si vendías tu vivienda habitual y utilizabas el dinero para cancelar la hipoteca pendiente, esa cantidad no podía formar parte de la deducción por inversión en vivienda habitual.

Ese criterio ya no se sostiene. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha unificado doctrina y ha dicho claramente que sí es posible incluir en la base de la deducción las cantidades destinadas a cancelar el préstamo hipotecario, aunque procedan del precio de venta de la vivienda.

¿Qué ha cambiado exactamente?

La Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 20 de octubre de 2025, pone fin a una interpretación restrictiva que venía aplicando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El nuevo criterio parte de una idea sencilla pero poderosa: el dinero es fungible, y lo relevante no es de dónde procede, sino para qué se utiliza.

Si el pago sirve para extinguir el préstamo con el que se financió la adquisición de la que fue la vivienda habitual, ese pago puede integrar la base de la deducción.

• Atención. No basta con haber cancelado la hipoteca: es imprescindible que la vivienda haya sido realmente habitual y que se cumplan los requisitos del régimen transitorio.

¿A quién beneficia este criterio?

Este cambio no es para todo el mundo. Está pensado para contribuyentes que todavía conservan el derecho a la deducción por vivienda habitual, es decir, quienes:

• Ya aplicaban la deducción antes del 31 de diciembre de 2012.
• Han seguido pagando la vivienda o su financiación.
• No agotaron el límite vital de deducción.
• Cumplen las reglas patrimoniales exigidas por la normativa.

En estos casos, la deducción sigue viva, aunque la vivienda se haya vendido.

• Atención. Si no estabas ya en el régimen transitorio, este criterio no crea un derecho nuevo: solo aclara cómo se aplica el que ya existía.

¿Qué se puede deducir tras la venta?

Con el nuevo criterio, pueden formar parte de la base de deducción:

• Las cuotas ordinarias pagadas durante el año.
• La cancelación del capital pendiente de la hipoteca, aunque se pague con el precio de venta.

Todo ello dentro del límite anual máximo (9.040 €) y aplicando los porcentajes estatal y autonómico.

Lo que importa es que ese pago represente renta ahorrada del ejercicio, incluyendo la renta generada por la propia venta.

Alerta patrimonial

Si no hay incremento patrimonial suficiente en el año, la deducción puede quedar cuestionada aunque el pago sea correcto.

Por qué Hacienda lo rechazaba… y por qué ya no

Hasta ahora, la AEAT entendía que, una vez vendida la vivienda, el préstamo dejaba de estar vinculado a la adquisición de la vivienda habitual.
Ese razonamiento ha sido descartado.

El TEAC aclara que cancelar anticipadamente un préstamo con el que se compró la vivienda no cambia la naturaleza del pago, aunque se produzca en el mismo acto de la venta.

La causa del pago sigue siendo la misma: pagar la vivienda.

Alerta jurídica

Este criterio se apoya también en sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia, lo que refuerza su solidez frente a futuras comprobaciones.

Qué pueden hacer ahora las personas afectadas

Quienes, en su momento, vieron rechazada esta deducción tienen una ventana abierta:

• Si el ejercicio no está prescrito (cuatro años), puede solicitarse la devolución.
• Para ejercicios anteriores, mediante rectificación de autoliquidación.
• En ejercicios recientes, mediante autoliquidación rectificativa.

Eso sí, será necesario acreditar que se cumplían todos los requisitos exigidos por la normativa.

Alerta práctica

No conviene reclamar sin revisar antes el expediente completo: una mala reclamación puede abrir una comprobación innecesaria.

Conclusión

La venta de la vivienda habitual no corta automáticamente el derecho a la deducción.
Si la hipoteca se cancela para extinguir la financiación con la que se adquirió esa vivienda, el pago puede seguir computando fiscalmente.

Este cambio de criterio abre la puerta a revisar declaraciones pasadas y, en muchos casos, a recuperar importes relevantes.

Nuestra recomendación: si vendiste tu vivienda, cancelaste la hipoteca y aplicabas la deducción, merece la pena revisar tu situación. En fiscalidad, a veces, mirar atrás es la mejor forma de avanzar.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

2026 llega con una novedad silenciosa pero relevante: el Impuesto sobre Sociedades vuelve a bajar para muchas pymes y micropymes, y eso cambia la foto del cierre del ejercicio. El ejercicio 2026 no solo cambia cifras, cambia decisiones, porque el tipo del Impuesto sobre Sociedades vuelve a ajustarse a la baja.

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Si su empresa es de reducida dimensión -en términos generales, si no supera los diez millones de euros de cifra de negocios- el Impuesto sobre Sociedades inicia una senda descendente que se prolongará durante varios ejercicios.

No se trata de un salto brusco, sino de una reducción gradual, ejercicio a ejercicio, que llevará el tipo desde el 25 % actual hasta el 20 % a partir de 2029. En la práctica, cada cierre anual va a tributar un poco menos que el anterior.

Es un cambio discreto, pero acumulativo.

• Atención. La reducción no es automática por "ser pequeña"; depende de cumplir los requisitos de empresa de reducida dimensión cada año.

1. Las micropymes entran en un esquema distinto

Cuando hablamos de micropymes -empresas cuya facturación no supera el millón de euros- el diseño del impuesto cambia de lógica. A partir de 2025, el tipo deja de ser único y pasa a ser progresivo.

Los primeros 50.000 euros de base imponible tributan a un tipo más bajo, mientras que el exceso lo hace a un tipo algo superior. Y, además, esos tipos también se van reduciendo con el paso de los ejercicios.

Esto implica que dos empresas con el mismo beneficio pueden pagar distinto en función de cómo se reparta su base imponible.

• Atención. No toda la base imponible tributa al tipo más bajo; solo el primer tramo.

2. No todas las sociedades se benefician de esta rebaja

Conviene decirlo sin rodeos: estas reducciones no se aplican a las sociedades patrimoniales. Si más de la mitad del activo está compuesto por valores o no está afecto a una actividad económica, el tipo seguirá siendo el general del 25 %.

Es uno de esos matices que suelen pasarse por alto y que, cuando se detectan tarde, generan sorpresas poco agradables.

• Atención. Una empresa puede parecer "operativa" y, aun así, tener la consideración de patrimonial a efectos fiscales.

3. Ejercicios cortos y límites proporcionales en micropymes

Cuando una micropyme tiene un ejercicio inferior al año -por ejemplo, por un cambio en la fecha de cierre- el tramo de base imponible que puede tributar al tipo reducido no es fijo.

Ese límite de 50.000 euros se prorratea en función de la duración real del ejercicio. Y, además, nunca puede superar la propia base imponible del período.

En la práctica, esto obliga a hacer números con algo más de cuidado, porque no siempre interesa cerrar el ejercicio cuando parece más cómodo desde el punto de vista mercantil.

Cambiar la fecha de cierre puede alterar el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades sin que se perciba a simple vista.

4. 2026 como punto de inflexión fiscal

El año 2026 marca un nuevo escalón en esta reducción progresiva. Las empresas de reducida dimensión pasarán a tributar al 23 %, y las micropymes verán bajar de nuevo los tipos aplicables a sus tramos.

Este escenario introduce una variable interesante en la planificación: el momento en el que se generan los beneficios empieza a importar más que antes.

No es una invitación a forzar decisiones, pero sí a pensar con algo más de perspectiva.

• Atención. Retrasar o adelantar ingresos y gastos puede tener sentido fiscal, pero solo si existe una razón económica real detrás.

 

Tipo impositivo

Los tipos de gravamen aplicables a períodos impositivos iniciados en el año 2024 y 2025 (Art. 29 y DT 44ª LIS) son los siguientes:

Contribuyentes	2024	2025
Tipo general	25%	25%
Micropymes (INCN <1.000.000)
Hasta 50.000 €	23%	21%
Resto BI	23%	22%
Entidades de reducida dimensión (art. 101 LIS)	25%	24%
Entidades de Nueva Creación (ENC) (1)	15%	15%
Empresas emergentes(2)	15%	15%
Entidad patrimonial	25%	25%
Cooperativas fiscalmente protegidas:
Rdos. cooperativos
General	20%	20%
Micropymes  hasta 50.000 €                       Resto BI	20%	18%  19%
Ent. Reducida dimensión	20%	20%
ENC	20%	12%
Rdos. extracooperativos
General	25%	25%
Micropymes hasta 50.000 €                      Resto BI	23%	21%  22%
Ent. Reducida dimensión	25%	24%
ENC	25%	15%
Cooperativas de crédito y cajas rurales:
Rdos cooperativos
General	25%	25%
Mycropymes hasta 50.000 €                      Resto BI	23%	21%  22%
Ent. Reducida dimensión	25%	24%
ENC	25%	15%
Rdos. extracooperativos
General	30%	30%
Micropymes	30%	30%
Ent. Reducida dimensión	30%	30%
ENC	30%	30%
SOCIMI (Ley 11/2009)(3)	0%	0%
Gravamen especial sobre los Bº distribuidos	19%	19%
Gravamen especial sobre los Bº no distribuidos	15%	15%
Entidades ZEC – Zona Especial Canaria(4)	4%	4%
Entidades Ley 49/2002	10%	10%
Entidades de crédito y entidades que se dediquen a la explotación, investigación y exploración de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos	30%	30%
Sociedades y Fondos de Inversión, Fondos de Activos Bancarios, SICAV y Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario	1%	1%
Fondos de pensiones	0%	0%

Notas

⁽¹⁾Para las entidades de nueva creación debe tenerse en cuenta la Disposición Transitoria 22º LIS. 

⁽²⁾Para las empresas emergentes debe tenerse en cuenta el art. 7 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

⁽³⁾Téngase en cuenta que en caso de entrada-salida en el régimen fiscal especial de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, el art. 12 de la citada ley prevé determinadas reglas de acuerdo con el régimen general y el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades.

⁽⁴⁾Téngase en cuenta que a la parte de la base imponible correspondiente a operaciones no realizadas efectiva y materialmente en el ámbito de la Zona Especial Canaria, le será aplicable el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al tipo de entidad. 

Fuente: AEAT

Reducida dimensión

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	Desde 2029
Tipo del IS	25%	24%	23%	22%	21%	20%

Microempresa

Concepto	2024	2025	2026	Desde 2027
Hasta 50.000	23%	21%	19%	17%
Resto base		22%	21%	20%

5. Planificar sin forzar, la clave silenciosa

En este contexto, puede resultar razonable valorar si conviene posponer determinadas operaciones a ejercicios con tipos más bajos o adelantar gastos para suavizar la carga fiscal del año en curso.

Ahora bien, este tipo de ajustes deben hacerse con prudencia. La frontera entre planificar y forzar es más fina de lo que parece, y la Administración suele fijarse especialmente en los cierres de ejercicio "demasiado oportunos".

La planificación fiscal funciona mejor cuando es discreta, coherente y documentada.

6. Una rebaja que merece seguimiento año a año

La reducción del Impuesto sobre Sociedades no es un hecho aislado de un solo ejercicio. Es un proceso que se despliega con el tiempo y que exige revisar cada cierre con un enfoque ligeramente distinto al tradicional.

No se trata solo de pagar menos, sino de entender cuándo y por qué se paga menos.

Dar por sentado el tipo del IS sin revisar la normativa vigente puede llevar a decisiones mal ajustadas.

 

Al cerrar las cuentas del ejercicio, hay una comprobación que muchas empresas pasan por alto y que, sin embargo, puede tener un impacto fiscal relevante: si la sociedad se ha convertido, casi sin darse cuenta, en patrimonial. No siempre se percibe a tiempo, pero basta con que cambie la composición del activo para que la empresa pierda incentivos fiscales importantes.

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Al cierre del ejercicio, una empresa puede adquirir la condición de entidad patrimonial si más de la mitad de su activo está compuesto por valores o por bienes no afectos a una actividad económica.

Este análisis no se hace por intuición ni por el tipo de negocio, sino por una comparación puramente cuantitativa. Y aquí es donde surgen muchos problemas: sociedades que siguen operando, pero cuya estructura patrimonial ha cambiado con el tiempo.

No es necesario que la empresa deje de facturar para ser considerada patrimonial. Basta con que cambie el peso de su activo.

Las consecuencias fiscales

Que una sociedad sea considerada patrimonial no es una etiqueta inocua. Supone, entre otras cosas, perder el acceso a determinados incentivos fiscales que muchas empresas dan por sentados.

Entre los principales efectos destacan:

• La imposibilidad de aplicar los incentivos del régimen de entidades de reducida dimensión.
• La posible limitación en la compensación de bases imponibles negativas si se produce una transmisión significativa del capital social.

Es decir, el impacto no se limita al presente, sino que puede condicionar decisiones futuras.

• Atención. Una sociedad con pérdidas pendientes puede ver muy restringido su aprovechamiento tras un cambio en el accionariado.

El error habitual al comprobar el porcentaje del activo

Uno de los fallos más frecuentes es mirar únicamente el balance cerrado a 31 de diciembre. Sin embargo, la ley exige calcular la media de los balances trimestrales del ejercicio.

Esto significa que una operación puntual a final de año no siempre refleja la realidad fiscal que se tendrá en cuenta. La fotografía válida es la del conjunto del ejercicio, no la del último día.

• Atención. Un inmueble adquirido o vendido a final de año puede no alterar el resultado si no cambia la media anual.

¿Qué valores no computan como tales?

A efectos de este cálculo, no todo lo que figura como "valores" en contabilidad se tiene en cuenta. Quedan fuera, entre otros:

• Los activos mantenidos para cumplir obligaciones legales.
• Los efectos comerciales derivados de la actividad ordinaria.
• Las participaciones de al menos un 5 % en sociedades operativas, siempre que se mantengan durante un año y exista una mínima estructura de gestión.

Este matiz es clave para no inflar artificialmente el porcentaje de activos no afectos.

No basta con tener participaciones en otras sociedades: deben cumplir todos los requisitos para quedar excluidas del cómputo.

Dinero y créditos que tampoco penalizan

Otro punto que suele generar dudas es el tratamiento del dinero y de los derechos de crédito. No se consideran activos no afectos cuando proceden de la venta de elementos afectos o de valores válidos y se han generado en el propio ejercicio o en los dos anteriores.

Esto evita que una empresa se vea penalizada simplemente por haber vendido un activo operativo recientemente.

• Atención. El origen del dinero es tan importante como su importe.

¿Cómo afecta la condición patrimonial a los socios?

Si los socios de la empresa son otras sociedades, la calificación como patrimonial también puede tener consecuencias para ellos, especialmente en caso de transmisión de participaciones.

La exención por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades no desaparece, pero puede verse limitada en función de los años en los que la entidad participada haya sido patrimonial.

La tributación del socio depende del historial patrimonial de la sociedad participada, no solo del momento de la venta.

Un ejemplo

Imaginemos una sociedad que vende su participación del 30 % en otra empresa tras 10 años de tenencia, obteniendo una ganancia de 600.000 euros. Las reservas acumuladas de la participada ascienden a 300.000 euros.

• La parte del beneficio vinculada a reservas sí puede beneficiarse de la exención.
• El resto de la ganancia deberá repartirse proporcionalmente según los años en los que la sociedad participada fue patrimonial.

Si la participada fue patrimonial durante 4 de esos 10 años, solo la parte proporcional generada en los otros 6 ejercicios podrá disfrutar plenamente de la exención.

El resultado práctico es una mayor base imponible de la esperada si no se ha seguido la evolución patrimonial año a año.

El reparto es lineal salvo que se pruebe lo contrario, y esa prueba no siempre es sencilla.

Una revisión imprescindible antes de cerrar el ejercicio

Antes de dar por cerrado el Impuesto sobre Sociedades, conviene revisar con calma la composición del activo y su evolución trimestral. No hacerlo puede llevar a aplicar incentivos que después Hacienda cuestione.

En muchos casos, el problema no está en la operación, sino en no haberla anticipado fiscalmente.

Detectar a tiempo la condición patrimonial permite ajustar decisiones antes de que el ejercicio esté cerrado.

La condición de sociedad patrimonial no siempre se percibe, pero sus efectos fiscales son muy reales. Una revisión preventiva del balance, bien hecha y con criterio, puede evitar perder incentivos o enfrentarse a regularizaciones futuras innecesarias.

Desde el 2026, las ayudas y bonificaciones vinculadas a la formación y al empleo siguen existiendo, pero ya no se gestionan como antes. El nuevo marco refuerza los controles y obliga a las empresas a ordenar mejor sus procesos internos.

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Desde el 1 de enero de 2026, el acceso a subvenciones y bonificaciones en materia de empleo y formación se mueve en un terreno más exigente. El Real Decreto 1189/2025 no elimina ayudas ni cierra la puerta a la formación bonificada, pero sí introduce una idea clara: quien quiera beneficiarse de fondos públicos deberá justificarlo mejor y durante más tiempo.

El objetivo declarado es mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional, tanto de personas desempleadas como de quienes ya están trabajando. En la práctica, esto se traduce en más coordinación entre administraciones, más controles y menos margen para errores formales que antes podían pasar desapercibidos.

A partir de ahora, una gestión "relajada" de la formación puede convertirse en un problema real ante una comprobación administrativa.

Dos normas retocadas para encajar el nuevo modelo

El real decreto actúa sobre dos textos que ya eran conocidos por las empresas. Por un lado, ajusta el régimen de subvenciones en materia de empleo; por otro, revisa en profundidad las reglas de la formación programada en las empresas.

La intención es alinear estas normas con la Ley de Empleo y con la nueva ordenación de la Formación Profesional, evitando contradicciones y cerrando vacíos que hasta ahora generaban interpretaciones dispares entre territorios.

No se trata de una reforma cosmética. Es un reajuste pensado para que todas las piezas -Estado, comunidades autónomas y organismos de control- funcionen de forma más sincronizada.

• Atención. Lo que antes se resolvía con criterios distintos según la comunidad autónoma tiende ahora a un control más homogéneo y coordinado.

Subvenciones a corporaciones locales y una novedad económica relevante

En materia de subvenciones, se mantiene el régimen de concesión directa para los programas clásicos de garantía de rentas, especialmente en el ámbito agrario. Sin embargo, desaparece este sistema para otras ayudas locales orientadas a la creación de empleo estable.

La principal novedad es la incorporación de una percepción económica diaria por asistencia a acciones formativas, dirigida inicialmente a personas desempleadas de Ceuta y Melilla y, en determinados casos, a colectivos considerados prioritarios.

Esta ayuda no será automática ni generalizada. Su aplicación dependerá de lo que establezca cada convocatoria o programa concreto y tendrá límites claros en su cuantía.

• Atención. Esta percepción diaria es incompatible con otras ayudas similares, lo que obliga a revisar bien cada caso antes de solicitarla.

Cuantía y condiciones de la nueva percepción diaria

La prestación económica por día de asistencia tendrá un techo máximo fijado en el 75 % del IPREM diario. No es una cantidad libre ni acumulable sin control, y su regulación concreta se desarrollará mediante orden ministerial.

Además, esta ayuda no puede solaparse con otras destinadas a transporte, manutención, alojamiento o conciliación. El sistema obliga a elegir y justificar con precisión qué apoyo se solicita y por qué.

• Atención. Solicitar ayudas incompatibles entre sí puede acabar en devoluciones y problemas posteriores, incluso aunque exista buena fe.

Formación programada en la empresa y bonificaciones más vigiladas

Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a las empresas que utilizan la formación bonificada. El crédito anual asignado a cada empresa pasa a consolidarse como un límite estricto, sin interpretaciones flexibles.

Además, se fija con claridad el momento hasta el cual pueden aplicarse las bonificaciones: el cierre del plazo de liquidación de cuotas de diciembre, salvo en casos de cese de actividad. A partir de ahí, no hay margen.

La norma insiste en algo que ya estaba, pero que ahora cobra otra dimensión: los costes formativos deben estar perfectamente identificados en la contabilidad y respaldados por documentación sólida.

• Atención. aplicar bonificaciones fuera de plazo o sin respaldo contable claro es uno de los principales focos de devolución futura.

Documentación, conservación y controles reales

La empresa deberá conservar facturas, registros contables y cualquier documento justificativo durante al menos cuatro años, o más si así lo exige la normativa europea. Ya no se trata solo de guardar papeles, sino de poder explicarlos con coherencia.

Los controles también suben de intensidad: al menos el diez por ciento de los fondos públicos destinados a formación deberán ser objeto de actuaciones de seguimiento, tanto en tiempo real como a posteriori.

Una visita de control puede producirse incluso tiempo después de haber aplicado la bonificación, cuando ya no se tiene el asunto "fresco".

Coordinación entre administraciones y posibles consecuencias

Las comunidades autónomas deberán comunicar al SEPE los resultados de sus controles y las irregularidades detectadas. A su vez, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo colaborará en las comprobaciones, aunque sin potestad sancionadora.

Si se detectan bonificaciones indebidas, la empresa podrá verse obligada a devolver total o parcialmente las cantidades aplicadas, con intereses de demora incluidos. En los casos más

• Atención. Superar el crédito anual de formación es causa directa de devolución, incluso aunque la formación se haya realizado.

Ayudas, becas y ajustes sectoriales

El real decreto también integra esta nueva percepción económica en el sistema general de ayudas y becas para personas desempleadas que participan en acciones formativas, incluidas las prácticas no laborales.

Además, se garantiza la continuidad de las actuales comisiones paritarias sectoriales hasta que se constituyan las nuevas estructuras previstas en la normativa, evitando vacíos de gestión durante el periodo transitorio.

Los sectores con formación específica deben revisar el papel de sus comisiones paritarias en esta nueva etapa.

Entrada en vigor

La norma entró en vigor el 1 de enero de 2026 y se apoya en la competencia estatal en materia laboral y de planificación económica, aunque su ejecución recaiga en buena medida en las comunidades autónomas.

Esto implica que, desde el primer mes del año, toda acción formativa bonificada o subvencionada debe plantearse ya con estas nuevas reglas en mente, no como un ajuste posterior.

La formación iniciada en 2026 se juzgará con criterios nuevos, aunque la empresa esté acostumbrada a los anteriores.

 

No todas las amortizaciones son iguales, ni deberían tratarse como si lo fueran. El Tribunal Supremo acaba de aclarar una cuestión que llevaba años generando regularizaciones discutibles. Durante años se ha asumido que, al vender un inmueble alquilado, había que aceptar sí o sí una amortización máxima. El Supremo ha dicho basta.

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Hay decisiones judiciales que no cambian la ley, pero sí la forma de mirarla. Y eso, en materia fiscal, suele marcar la diferencia entre un cálculo razonable y una regularización difícil de explicar. La reciente doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre la amortización de inmuebles alquilados va precisamente en esa dirección.

La cuestión no nace en una gran estructura empresarial ni en una operación sofisticada. Parte de una situación muy común: una persona que alquila un inmueble, declara esos ingresos como rendimientos del capital inmobiliario y, pasado el tiempo, decide vender.

Hasta aquí, nada extraño. El problema aparece cuando, al calcular la ganancia patrimonial de esa venta, la Administración exige minorarlo siempre aplicando una amortización del 3 %, aunque durante los años de alquiler se hubiese utilizado un criterio más ajustado y prudente.

Ese automatismo es precisamente lo que el Tribunal Supremo ha decidido desmontar.

• Atención. Si se ha vendido un inmueble alquilado en los últimos años, conviene revisar cómo se calculó la amortización aplicada al valor de adquisición.

Qué defendía la Administración

La posición administrativa era sencilla, pero excesivamente rígida: si el inmueble no estaba afecto a una actividad económica, la única amortización válida a efectos de la venta debía ser la del 3 % anual, con independencia de lo que se hubiese hecho en la práctica.

El argumento era formal: al no existir actividad económica, no se podían usar tablas ni criterios alternativos. El resultado, sin embargo, era poco razonable: se forzaba una depreciación ficticia mayor, elevando artificialmente la ganancia patrimonial… y, con ella, la factura fiscal.

• Atención. Una amortización impuesta sin atender a la realidad del bien puede inflar de forma significativa la tributación en el IRPF.

El criterio del Tribunal Supremo

El Supremo introduce un matiz clave, que en realidad es puro sentido común:
el hecho de no desarrollar una actividad económica no invalida la posibilidad de aplicar una amortización inferior, siempre que encaje en el concepto de amortización mínima previsto en la Ley del IRPF.

Dicho de otro modo, el 3 % no es una obligación automática. Es un límite máximo. Y como todo límite, permite moverse por debajo cuando existen razones técnicas y coherentes para hacerlo.

El Tribunal rechaza que la calificación del rendimiento (capital inmobiliario frente a actividad económica) sea suficiente para imponer una amortización máxima sin más análisis.

• Atención. No todo lo que la norma permite como máximo debe aplicarse obligatoriamente en todos los casos.

La amortización mínima no es sinónimo de amortización máxima

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la distinción -a menudo ignorada- entre dos planos distintos:

• La amortización como gasto deducible durante el alquiler.
• La amortización que debe minorar el valor de adquisición al vender.

El Supremo recuerda que la llamada amortización mínima no está definida con números cerrados en la Ley y que, ante ese vacío, es legítimo acudir a criterios técnicos razonables, como los previstos en la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1998, incluso aunque el inmueble no estuviera afecto a una actividad económica.

• Atención. Confundir amortización mínima con un porcentaje fijo obligatorio puede llevar a liquidaciones incorrectas.

¿Qué implica esto en la práctica?

Esta doctrina abre la puerta a defender -con base jurídica sólida- amortizaciones más ajustadas a la vida útil real del inmueble, evitando correcciones automáticas que penalizan al contribuyente sin una justificación económica real.

También refuerza algo importante: la interpretación razonable de la norma no puede convertirse en una sanción encubierta cuando el propio marco legal es incompleto.

• Atención. Existen casos en los que puede ser viable revisar liquidaciones anteriores o plantear recursos si se aplicó el 3 % de forma automática.

Recuerde…

Cada transmisión tiene su historia y sus números. A partir de esta sentencia, conviene analizar con calma:

• Cómo se amortizó el inmueble durante los años de alquiler,
• Qué criterio se utilizó al calcular la ganancia patrimonial,
• Y si la amortización aplicada responde realmente a una depreciación razonable.

No se trata de forzar interpretaciones, sino de defender cálculos coherentes, bien documentados y alineados con la doctrina del Tribunal Supremo.

Antes de aceptar una regularización o cerrar una venta futura, es recomendable revisar el impacto real de la amortización aplicada.

 

El Gobierno aprueba la revalorización de casi 13 millones de pensiones y prestaciones en 2026. La subida, que se hará efectiva a partir del 1 de enero, conlleva un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Las pensiones mínimas aumentarán su cuantía entre un 7% y un 11,4% en 2026, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo harán un 11,4%.

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El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, efectiva desde el próximo 1 de enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

El texto también contempla cotizaciones adicionales para determinados colectivos, como la prórroga para la de compatibilidad de jubilación y trabajo para profesionales sanitarios, ajustes técnicos en materia de cotización y tesorería, o la aprobación de la cotización adicional que permita el acceso a la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada para agentes medioambientales y bomberos forestales aprobada este año.

En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y, en consecuencia, los pensionistas van a mantener o aumentar su poder adquisitivo. Entre ellos, se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.  

Desde el 1 de enero de 2026 y hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales.

• Incremento de las pensiones contributivas

El incremento de las pensiones contributivas es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de 2025 de jubilación en noviembre) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Hay que recordar que este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

• Pensiones mínimas y no contributivas

El Gobierno también ha acordado hoy el incremento de las pensiones mínimas, de las no contributivas (PNC) y del IMV de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07%% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 ha sido de 15.786,4 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,7%.

• Cotización adicional para bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales

El Real Decreto-ley incluye además otras medidas relevantes que afectan a colectivos específicos y a la gestión del sistema. Se regula una cotización adicional del 10,60% para los bomberos y los agentes forestales y medioambientales, lo que permite activar los coeficientes reductores que hacen posible el anticipo de la edad de jubilación de estos colectivos, en reconocimiento a la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional. Esta medida se prorroga tras los resultados positivos obtenidos, ya que entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales sanitarios se han acogido a esta modalidad, contribuyendo a reforzar la atención sanitaria.

• Ajustes en cotizaciones

El texto aprobado incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones Se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización en coherencia con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. El tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros y se establece la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el 0,90%.

Este mecanismo está destinado a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que acabará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros, su nivel más alto desde diciembre de 2017.

Igualmente, se actualiza la cotización adicional de solidaridad y, en el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025. En este aspecto, la negociación sigue abierta para tratar de alcanzar un acuerdo que permita cumplir lo acordado en el año 2022 para cumplir el objetivo de cotizar por ingresos reales.

• Obligación de comunicación del CNAE

También se actualizan las tarifas de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, adaptándolas a los nuevos códigos CNAE.

Se incorpora una nueva disposición transitoria 45.ª a la LGSS, que regulará la obligación de comunicación del CNAE-2025. Desde ahora, en el caso de que los sujetos responsables de la obligación del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social no hubieran comunicado a la TGSS el nuevo código CNAE, en las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social que se practiquen a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará, para la cobertura de las contingencias profesionales, el tipo de cotización superior de aquellos que sean aplicables a la totalidad de los códigos de la CNAE-2025 respecto de los que el código de la CNAE-2009 tenga una correspondencia, según las tablas publicadas por el INE.

• Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional

Se incluye la prórroga de la vigencia del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025: 39,47 euros/día o 1184 euros/mes, hasta que se fije el SMI para 2026.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) ha prorrogado determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, por la que se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2025, que prorroga y amplía distintas medidas sociales y fiscales, e introduce novedades relevantes que afectan a autónomos, personas físicas y empresas en materia de IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades, así como medidas específicas para personas y empresas afectadas por la DANA.

A continuación, resumimos los principales cambios de forma clara y práctica.

1. IVA: módulos, agricultura y libros registro

Se mantienen los módulos en 2026

Se prorrogan para 2026 los límites que permiten seguir aplicando:

• El régimen simplificado del IVA (módulos).
• El régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Esto evita cambios automáticos de régimen para muchos autónomos.

Plazo para renunciar o volver a módulos

El plazo para renunciar o revoca  r la renuncia a estos regímenes para 2026 será:

• Del 25 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Las opciones ejercidas entre el 1 y el 24 de diciembre de 2025 también serán válidas y podrán modificarse dentro del plazo general.

Plazo especial para libros registro de IVA y REDEME

Entre el 26 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 se habilita un plazo extraordinario para:

• Renunciar a llevar los libros de IVA a través de la Agencia Tributaria.
• Solicitar la baja en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME) para 2026.

2. IRPF: módulos, vivienda, ayudas y deducciones

Módulos en IRPF

También se prorrogan para 2026 los límites para tributar por estimación objetiva (módulos) en el IRPF, salvo en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen sus propios límites.

El plazo de renuncia o revocación será el mismo:

• Del 25 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Imputación de rentas inmobiliarias

Desde el 1 de enero de 2025, se aclara que se aplicará el porcentaje reducido del 1,1 % para la imputación de rentas de inmuebles situados en municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados a partir de 2012.

Esto puede reducir la tributación de muchos inmuebles no alquilados.

Exención de ayudas por incendios y emergencias

Quedan exentas de IRPF las ayudas por daños personales concedidas a personas afectadas por:

• Incendios forestales.
• Otras emergencias de protección civil ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025.

Deducciones prorrogadas hasta 2026

Se amplían hasta el 31 de diciembre de 2026:

• La deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.
• La deducción por compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno, así como por la instalación de puntos de recarga.

Prestaciones por desempleo: no siempre hay que declarar

Se elimina la obligación general de presentar la declaración del IRPF para todas las personas que cobran prestaciones o subsidios por desempleo.

• Atención. Desde la declaración de 2025, solo deberán declarar cuando se cumplan los requisitos generales establecidos en la ley del IRPF.

3. Impuesto sobre Sociedades: inversiones y amortizaciones

Amortización libre de vehículos eléctricos

Las empresas podrán amortizar libremente:

• Vehículos eléctricos nuevos (eléctricos, híbridos enchufables, hidrógeno, etc.).
• Infraestructuras de recarga eléctrica, si entran en funcionamiento en ejercicios iniciados en 2024, 2025 o 2026.

Esta medida permite reducir la base imponible del impuesto de forma más rápida.

Energías renovables

Se prorroga hasta 2026 la libertad de amortización para inversiones empresariales que utilicen energías renovables.

4. Medidas especiales para personas y empresas afectadas por la DANA

Ampliación de ayudas

Las ayudas directas se amplían a:

• Comunidades de bienes.
• Entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas en los municipios afectados por la DANA de finales de octubre y principios de noviembre de 2024.

Plazos de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse:

• Del 21 de enero al 11 de marzo de 2026, a través de la Agencia Tributaria.

No será necesario volver a solicitar la ayuda si ya se presentó la solicitud anterior y aún no se había resuelto.

El pago se realizará:

• A partir del 2 de febrero de 2026, mediante transferencia bancaria.

Ayudas autonómicas exentas de impuestos

Determinadas ayudas urgentes concedidas por la Comunitat Valenciana para mantener el empleo y reactivar la economía estarán exentas de tributación, tanto en IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades.

Las medidas descritas exigen una revisión inmediata de opciones fiscales ejercitadas, especialmente en módulos, regímenes especiales de IVA, amortizaciones y planificación de inversiones, así como un análisis individualizado en los supuestos de ayudas públicas y exenciones aplicables.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,